1 de noviembre de 2018 17:52

CIDH recomienda que Fiscalía indague a agentes de la frontera

Edison Lanza, relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, lidera el seguimiento sobre el secuestro. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Edison Lanza, relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, lidera el seguimiento sobre el secuestro. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO.

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Redacción Seguridad
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión hicieron público este 1 de noviembre del 2018 el primer informe del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) conformado para dar seguimiento a los avances de las investigaciones por el secuestro y posterior asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, miembros del equipo periodístico de EL COMERCIO.

Tras siete meses de los crímenes, la CIDH, a través del ESE, revisó los procesos de investigación que se realizan, por separado, en las fiscalías de Colombia y de Ecuador.

En el caso colombiano, el organismo calificó como “significativos” los avances realizados. Los agentes han identificado a al menos 16 personas, que habrían participado en el secuestro; han sido capturados y procesados judicialmente alias ‘Roberto’, alias ‘Cherry’ y alias ‘Reinel’, posibles coautores.

La CIDH “reconoce y agradece el aporte financiero realizado por el Estado ecuatoriano para financiar el funcionamiento del equipo especializado”. Sobre la Fiscalía ecuatoriana, la CIDH “encuentra que no se ha avanzado satisfactoriamente en la investigación y vinculación de los responsables (...)”. Actualmente, el caso se encuentra en indagación previa, es decir que la investigación tiene el carácter de reservada.

El ESE considera que es necesario que la Fiscalía “realice un esfuerzo integrador que permita incorporar a la investigación las evidencias obtenidas en varios procesos adelantados en relación con las advertencias y los ataques realizados por el denominado grupo Frente Oliver Sinisterra”.

Lea aquí el comunicado completo de la CIDH


Estas advertencias se conocieron después del secuestro, cuando se hicieron públicos chats y llamadas telefónicas que intercambió un mayor de la Policía con alias ‘Guacho’, cabecilla del grupo armado, disidente de las FARC.

En el informe, la CIDH recomienda que se investigue y evalúe “la actuación y eventuales responsabilidades de los agentes sobre quienes pesaban específicos deberes de garante de la seguridad del equipo periodístico”.

El 26 de marzo, el equipo periodístico partió de San Lorenzo y cruzó un punto de control militar para ingresar a Mataje, donde fue secuestrado y llevado a Colombia.

“El derecho de las familias a conocer la verdad de lo sucedido apareja el deber de las autoridades investigativas de examinar todas las variables que el caso plantea, de ahí la necesidad de que se aborde esta línea de investigación de manera que se establezca cómo se gestionó el paso de los comunicadores mientras se mantuvo en estado de excepción decretado en la zona”.

Sobre este punto, la CIDH resalta que el Estado tiene la “obligación” de establecer medidas de protección a periodistas y trabajadores de prensa que se encuentran frente a un riesgo inminente.

Otra recomendación para la Fiscalía es que investigue el móvil del secuestro y si este pudo tener origen en la actividad periodística que cumplía el equipo secuestrado.

En el informe, la CIDH dice que “el ESE considera oportuno solicitar a las autoridades ecuatorianas que la información requerida que resta por examinar se suministre de manera expedita y oportuna”.

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