Delegados de la CIDH visitaron la cárcel de Cotopaxi el 30 de octubre del 2019, como una de las actividades que desarrolló el equipo en el Ecuador, para observar la situación de DD.HH. en el contexto de las protestas. Foto: EL COMERCIO
“La CIDH estima como graves los episodios de hostigamiento que sufrió la delegación durante su visita a la cárcel de Latacunga, por parte de los agentes de seguridad de ese establecimiento, quienes prohibieron a la delegación tomar imágenes y videos y le impidieron realizar su trabajo en ese lugar”. Así reza en un comunicado emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 5 de noviembre del 2019, tras la visita de ese organismo a Ecuador para observar la situación de los DD.HH. en el contexto de las protestas registradas entre el 3 y el 13 de octubre, contra las medidas económicas del Gobierno.
En la cárcel de Cotopaxi, al norte de Latacunga, se encuentran personas detenidas en el contexto de las protestas; entre ellas, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, investigada por presunta rebelión. En ese sentido, la CIDH recordó, en consonancia con su Reglamento, que “la invitación a una visita de observación por parte de un Estado incluye necesariamente el acceso a lugares donde se mantengan personas privadas de libertad”. Al respecto, dice, la Comisión toma nota de las disculpas extendidas por la Cancillería, así como su indicación escrita de que “será objeto de un prolijo análisis a fin de que esto no se repita”.
En su visita a Ecuador, entre el 28 y el 30 de octubre del 2019, una misión de la CIDH entrevistó a 439 personas y registró 380 testimonios, “la mayoría aportados por personas que alegan ser víctimas de violaciones a derechos humanos o de otras afectaciones en el contexto de las protestas, incluyendo a personas detenidas”, reza en el comunicado.
“Sin perjuicio de las observaciones que emitirá con sus conclusiones y recomendaciones, es de indicar que la Comisión recibió con preocupación denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de la protesta social relativas a falta de consulta y participación en la adopción de medidas que afectan derechos sociales de la población, irregularidades en la presentación de denuncias y acciones de protección de garantías constitucionales; falta de información a familiares respecto de personas detenidas y fallecidas; obstaculización a la prestación de servicios médicos en hospitales públicos; hostilidad y alegados actos de agresión contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y trabajadores de distintos medios de comunicación privados, comunitarios y digitales; así como utilización del sistema penal en contra de manifestantes, líderes sociales y de oposición”, señala la CIDH, que elaborará un informe detallado con los hallazgos de su misión.
En el comunicado reza: “La Comisión también recibió información relativa a diversos tipos de afectaciones por acciones violentas sufridas por agentes del Estado que podrían constituir delitos, como el disparo de armas caseras y bombas incendiarias, el secuestro de más de 400 miembros de la fuerza pública, muchos de los cuales sufrieron maltratos; y de los perjuicios económicos y materiales sufridos tanto por el Estado como por algunos de los sectores económicos productivos del país, medios de comunicación, cuarteles de la policía y una base militar, como consecuencia de la acción violenta de grupos, llevando a la destrucción de bienes públicos como ambulancias, así como de acciones vandálicas de saqueo e incendios deliberados que generaron situaciones de caos y zozobra a lo largo del país”.
“A este respecto, la Comisión hace un llamado al Estado a investigar, de forma imparcial, exhaustiva y expedita, tanto las violaciones de derechos humanos como los delitos que se hayan cometido en dicho contexto, así como juzgar y sancionar a los responsables”.
La CIDH anunció que las observaciones derivadas de su visita a Ecuador “serán presentadas próximamente; a la vez que urge al Estado y a los representantes de la sociedad a dar continuidad a los procesos de diálogo instalados en el país, tomando en consideración los estándares internacionales de derechos humanos, y en particular en materia de derechos económicos, sociales y culturales”.
El organismo alerta al Estado ecuatoriano que “toma nota de las advertencias sobre posibles represalias planteadas por representantes de la sociedad civil en las reuniones realizadas, quienes expresaron su temor a las consecuencias que pueden enfrentar. La CIDH ha condenado enérgicamente cualquier posibilidad de represalia o estigmatización que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema interamericano, en ejercicio de sus derechos convencionales, o ante los órganos nacionales de promoción y defensa de los derechos humanos. En los términos del artículo 63 de su Reglamento, la CIDH en esta oportunidad urge al Estado a adoptar medidas para prevenir que situaciones como estas se puedan registrar y, de ser el caso, brindar protección para garantizar la seguridad de todas las personas que han participado en actividades de la visita o que utilicen cualquiera de las herramientas de la Comisión”.
La misión de la CIDH que visitó Ecuador estuvo conformada por la presidenta del organismo, Esmeralda Arosemena de Troitiño; la vicepresidenta, Antonia Urrejola; el comisionado Luis Ernesto Vargas; el relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza; la relatora Especial para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García; la secretaria ejecutiva adjunta de Monitoreo, Cooperación Técnica y Promoción, María Claudia Pulido; y personal de la Secretaría Ejecutiva.
