12 de diciembre de 2019 16:10

CIDH recomienda a Ecuador y a Colombia establecer mecanismos para reparar a familias de Javier, Paúl y Efraín

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó este 12 de diciembre del 2019 el informe del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) sobre el secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, periodistas de EL COMERCIO. Foto: Jorge

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó este 12 de diciembre del 2019 el informe del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) sobre el secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, periodistas de EL COMERCIO. Foto: Jorge Imbaquingo/ EL COMERCIO.

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Redacción Seguridad

Los familiares del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra recibieron el informe del Equipo de Seguimiento Especial (ESE), implementado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el secuestro y posterior asesinato del equipo de prensa del diario EL COMERCIO, ocurrido entre marzo y abril del 2018, en la región fronteriza entre Ecuador y Colombia. 

La lectura del documento se realizó la tarde de este jueves 12 de
diciembre del 2019, en la sede del organismo, en Washington, en los
Estados Unidos. Esmeralda Arosemena, presidenta de la Comisión y
Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión, fueron
los encargados de entregar el insumo en las manos de los familiares.

El documento está dividido en cuatro capítulos en los que se aborda el
contexto en el que se desarrolló el secuestro, la privación de la libertad y el atentado contra la vida de los comunicadores, el seguimiento a las investigaciones desarrolladas por las fiscalías de Ecuador y Colombia y el derecho a la verdad y garantía de no repetición.

En la parte final, la CIDH establece 27 conclusiones sobre el trabajo
realizado por los países en este caso. Entre las conclusiones más importantes, la CIDH recomienda que los estados de Ecuador y Colombia “valoren la creación de mecanismos para evaluar y determinar una reparación integral a los familiares de Paul, Javier y Efraín, en el entendido que han sufrido aflicciones severasafectaciones a las condiciones de existencia propias y en su relación con las víctimas”.


La CIDH advierte que el informe no establece responsabilidades de los estados, “pero sí parece evidente que las víctimas perdieron la vida en el marco de un conflicto protagonizado por un grupo armado terrorista que actúo a ambos lados de la frontera, y cuyos efectos deben involucrar un análisis a la luz del deber de prevención, protección y procuración de justicia por parte de ambos Estados”.

Otras conclusiones ser refieren a las medidas de seguridad adoptadas por el Ecuador entre noviembre del 2017 y el 2018. Según el organismo internacional estas “fueron insuficientes para hacer frente a la evidente situación de riesgo extraordinario” generado por el grupo delincuencial Frente Óliver Sinisterra.

Destaca que hubo descoordinación entre las diferentes instituciones del Estado ecuatoriano, pues mientras la Policía tenía información “temprana” acerca de la forma cómo evolucionaba la amenaza del grupo armado y había establecido un canal de comunicación, por otro lado, se preparaban operativos de captura y allanamientos a la casa de alias Guacho, el cabecilla de esa organización delictiva.


La descoordinación también se dio con respecto a la seguridad del equipo de prensa en la zona de Mataje. En el informe se confirma que Javier, Paúl y Efraín ingresaron a esa población gracias a una autorización del Jefe del Mando Unificado, quien “consideró que como no había prohibición de paso salvo en la noche, ni alteraciones del orden público en Mataje que tornaran inviable su acceso a esa parroquia, los autorizó. Lo anterior, no obstante que Mataje atravesaba por serias dificultades de seguridad”.

Según la CIDH, esa acción “contribuyó a que ninguna autoridad, ni militar ni de policía, adoptara medidas específicas de carácter idóneo en el asunto, pues según la información disponible estimaron que era competencia de la otra”.


Además, la CIDH recomienda a Ecuador y Colombia desclasificar la
información sobre las operaciones de seguridad que desarrollaron las
fuerzas armadas de ambos países durante el secuestro. Sobre esto, el
organismo concluye que los estados deberían designar una comisión
especial
, con independencia e imparcialidad, para que garantice a las
familias acceso a esa información.

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