5 de octubre de 2018 00:00

En la CIDH se pidió que la desaparición sea un delito

Elizabeth Rodríguez llenó su sala con fotos y afiches de su hija Juliana Campoverde. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Elizabeth Rodríguez llenó su sala con fotos y afiches de su hija Juliana Campoverde. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

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El Estado falló. Así resume Elizabeth Rodríguez la búsqueda emprendida por policías y fiscales para encontrar a su hija Juliana Campoverde, desaparecida el 7 de julio del 2012.

La mujer llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y lo presentó en una sesión en la que se analizó la situación de personas desaparecidas. Allí solicitó lo mismo que ha pedido en los últimos seis años: que el Estado localice a Juliana.

“La palabra justicia sería que me devuelvan a mi hija”, dijo a este Diario antes de viajar a Washington para participar en la sesión de la CIDH.

En su caso, la Fiscalía tardó seis años para concluir que Juliana no huyó de casa, sino que fue secuestrada y el principal sospechoso es el pastor de la iglesia a la que asistía. “Desde el principio desconfié de él”.

Pero dice que sus sospechas no fueron investigadas con profundidad. Hace menos de un año, la fiscal Mayra Soria, la décimo segunda investigadora al frente del caso, comenzó a atar las evidencias y solicitar pericias “que debían haberse evacuado” desde el primer día de la indagación.

Por ejemplo, el rastreo de llamadas. Seis años después, esa información ya no existe. Pero los investigadores descubrieron que el pastor indagado guardó en su casa, durante todo este tiempo, los reportes de llamadas de su número celular.

En uno de los documentos se encontró un mensaje enviado a las 19:59, del 7 de julio del 2012. Este se hizo con el chip de celular de la joven desde el teléfono del pastor. ¿Qué hacía el chip de Juliana allí? En las versiones, él dice desconocer y asegura ser inocente.

Este hallazgo permitió que un juez ordene la prisión del hombre. Para Rodríguez, esto es un avance, aunque sigue sin conocer dónde está su hija. En su casa, en el sur de la capital, conserva el cuarto de Juliana como lo dejó, solo incluyó fotos y afiches de las marchas.

En la CIDH, la mujer habló también en nombre de todos los desaparecidos. Desde 1970 hasta junio de este año se han presentado 47 394 denuncias, según el Ministerio del Interior. La cifra de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) indica que son 42 953 denuncias.

Las inconsistencias sobre las estadísticas fueron resaltadas por los delegados de la sociedad civil que participaron en la reunión. Además mencionaron de otras deficiencias que tiene el Estado respecto al manejo de casos. Entre estas se citaron la falta de capacitación a fiscales y la ausencia de protocolos. Se refirieron al hecho de que la desaparición involuntaria no sea un delito. Por eso pidieron que se lo tipifique “considerando la vulnerabilidad” en este tipo de fenómeno.

Los comisionados reconocieron tanto falencias como las iniciativas del Estado para hallar a los desaparecidos. Por ejemplo, la creación de fiscalías y una dirección policial especializada. La aplicación de Alerta Emilia, para localizar a menores de edad, el plan de recompensas y resolución en el 97% de los casos denunciados.

Aún así, en el 3% restante están las historias de Álvaro Nazareno, Giovanna Pérez, Christian Acevedo, Camilo Tobar, David Romo, Juliana Campoverde...

Para la madre de la joven, el tiempo perdido cada vez que un fiscal asumía el caso es una deficiencia que debe corregirse. También recordó que los primeros funcionarios le dieron respuestas indolentes e incluso una fiscal y un policía le dijeron que debían pedir permiso a sus iglesias para investigar al pastor de Juliana.

“No les importó la vida de mi hija, más les importó su religión, ni quisiera Dios”.

Tras su insistencia llegaron las primeras pistas. En la computadora del pastor se hallaron registros de búsquedas que habría realizado en Internet sobre el caso. Por ejemplo, se visitó páginas de noticias sobre hallazgos de cadáveres de mujeres en el sur de Quito y sobre cómo eliminar mensajes de texto.

También se descubrió pornografía, que para el psicológico que trabajó en el caso demuestran que el procesado tenía interés sexual en Juliana.

A estas pruebas se suma otro informe forense en donde se determina que el sospechoso creó un perfil falso en Facebook para hablar con la joven y convencerla que debía casarse con el hijo del pastor principal de la iglesia. En esa cuenta se identificaba como Juan Solano, pastor, psicólogo, profeta y viudo. Su ficticia esposa muerta se llamaba July.

En una versión del 14 de agosto del 2012, el implicado explicó que como “pastor y consejero” se dio cuenta “que la mejor alternativa era crear un perfil ficticio de donde podía aconsejarle”. En otra versión, cuatro días antes, dijo que no conocía a Juan Solano.

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