Familiares de 15 personas atropelladas el 1 de enero realizaron una protesta en esos días. Foto: ARCHIVO /EL COMERCIO
Las víctimas se cuentan por decenas. Cada dos días, los conductores ebrios dejan 10 personas gravemente heridas en accidentes de tránsito. Pero en ese tiempo y por la misma causa también muere una persona.
Eso sucede en el país y lo confirman datos generales de la Agencia de Tránsito (ANT), aunque de enero a agosto pasados las cifras varían.
Quienes sobreviven padecen fuertes secuelas físicas. El viernes, Juan estaba en su oficina, en Guayaquil y desde allí contó lo que padeció hace ocho años.
Ahora tiene 29 años y desde el 2007 usa una silla para transportarse, pues perdió la movilidad de sus piernas y brazos luego de que el auto en el que iba se impactara contra un poste.
La noche en que se accidentó su compañero bebió tres horas festejando la aprobación de un curso. Luego se subieron al carro y se chocaron. Él voló por el parabrisas y tras seis meses de estar en terapia intensiva le dijeron que no volvería a caminar, pues quedó parapléjico.
Con Darwin, un joven de 22 años, ocurrió algo parecido. Perdió su ojo izquierdo, cuando el carro en el que viajaba por Yaruquí (afueras de Quito) fue impactado por un vehículo cuyo chofer estaba ebrio. El hecho ocurrió en febrero y producto del choque estuvo en coma un mes. El fuerte golpe en su cabeza contra el parabrisas del carro causó la lesión, por lo que tuvo que ser operado dos veces.
Hace 20 días entró en vigencia la reforma al Código Integral Penal (COIP) que impuso sanciones a los conductores que causan accidentes en estado de ebriedad.
En el documento se estipula una pena que puede ir desde 30 hasta 45 días de prisión.
Además se determina una multa económica equivalente a un tercio más del monto de los daños materiales causados.
Antes de esta reforma, las sanciones no diferenciaban a los conductores ebrios de los que no lo estaban y la sanción solamente era económica.
Juan se moviliza en silla de ruedas desde hace ocho años. Foto: Enrique Pesantes/ El Comercio
Otro de los cambios que entró en vigencia fue la prohibición de la conciliación en accidentes viales en los que existan personas heridas de gravedad o que queden con discapacidades. Antes los conductores podían evitar ir a la cárcel si llegaban a un convenio económico con la víctima.
En el 2004, María del Carmen de la Torre perdió a su hijo cuando un conductor que había consumido licor lo atropelló. Hace tres años y luego de pasar por tratamientos psicológicos empezó a ayudar a las víctimas de siniestros viales.
Ahora está al frente de la fundación Corazones en el Cielo y desde allí dice que está de acuerdo con las reformas. “En caso de las lesiones permanentes o discapacidades las familias quedan con grandes dramas y gastos de por vida”.
Eso ocurrió con Rocío García. Ella fue arrollada por un camión el 1 de enero pasado, mientras estaba en un baile en el sector de Chillogallo, un barrio del sur de Quito.
En ese accidente murieron tres personas y 12 resultaron gravemente heridas. Por ejemplo, Rocío estuvo dos meses en coma y cuando despertó los médicos determinaron que perdió el 96% de capacidad motriz y mental. Ahora, luego de 10 meses del siniestro, su madre ha dejado su trabajo para cuidar de su hija, pues no puede hablar, caminar ni tampoco escuchar. Todos los días debe asistir a terapias físicas en distintas casas de salud. Solo en esto gasta USD 200 cada mes.
Los medicamentos que toma también son costosos y tienen que traerlos del extranjero. Al mes gastan al menos USD 1 200.
Eso sin contar el costo de las siete operaciones por las que ha sido intervenida en clínicas privadas de Quito. A pesar de que el chofer del camión fue sentenciado a 12 años de prisión y a pagar USD 18 000 de indemnización, para la familia de Rocío no es suficiente.
La mujer era profesora de lingüística en una escuela particular y ahora sus dos pequeños hijos están a cargo de la abuelita.
Otra mujer que también quedó herida no puede hablar y apenas puede ponerse en pie.
Las familias dicen que esto los dejó con graves problemas emocionales. Con Juan sucedía lo mismo. Pero ahora ha superado las secuelas del accidente que lo dejó en silla de ruedas. Por eso, comenzó a dicta charlas en colegios y universidades y habla con los jóvenes para evitar el consumo de bebidas alcohólicas mientras conducen. El jueves dio una de esas conferencias en un instituto en el que estaban 120 chicos.
Él dice que si su historia ayuda a generar conciencia y a prevenir seguirá dando su testimonio. En Latacunga estará mañana (21 de octubre). Siempre se moviliza con su esposa o su hermano. Entre todos preparan las charlas.