César Arias tiene más de 40 años de experiencia en el campo de la ingeniería de Transporte y Movilidad. Participó en la reestructuración del transporte público en Quito durante la década de 1990. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO
Quito vive una crisis en el tema de movilidad, porque el Concejo Metropolitano no ha tratado en segundo y último debate el alza de la tarifa del transporte de USD 0,25 a 0,30. César Arias, experto en movilidad, cree que hay un trasfondo político en el momento de mezclar en el debate público dos aspectos: el costo y el control de la calidad del servicio.
Al hacer un diagnóstico del tema transporte, la responsabilidad recae en la política. ¿Por qué?
Porque los políticos tienen que establecer políticas: cómo se va pagar el servicio del transporte. Va a ser gratuito, lo va a pagar el Municipio, o van a pagarlo los usuarios. La tarifa puede ser plana, por distancia, qué tratamiento se les da a las personas de la tercera edad, a los estudiantes, eso es política tarifaria. El valor de la tarifa es un cálculo técnico, pero una universidad dice que el pasaje debe ser 10 centavos, los transportistas dicen 70 centavos. ¿Por qué pasa eso? Porque se manosean los temas. Ahora bien, pasa porque las cooperativas no son empresas y no llevan contabilidad de costos.
Pero el costo debe ir a la par del buen servicio…
No confundamos que el costo del transporte tiene que estar aparejado con el nivel de servicio. Son dos cosas diferentes. Yo como autoridad pongo las características del servicio y debo hacerlas cumplir. Lo hago bien o lo hago mal, si lo hago mal hay que cambiar y hay que hacer algo más sensato, algo más técnico. El tema es que no existen las herramientas administrativas, no existe el personal adecuado para que cumpla esa tarea.
Sobre el servicio hay la presión de los usuarios, de los mismo concejales…
Si hay estudios técnicos, si hay el respaldo político, si hay la capacidad de gerencia… se pueden hacer cambios. Pero si nos dedicamos a confrontar y llamamos política tarifaria a la discusión que hay en el Concejo, eso es totalmente intrascendente.
¿Han sido convenientes las compensaciones?
Los sistemas de subsidios siempre han tenido problemas aquí, en Perú o en Colombia. Hay el subsidio de la oferta, que es entregarles a los transportistas si cumplen ciertos parámetros, que es una tarea difícil y que queda en manos de quien supervisa. Esto no funciona, es un mal sistema. En Colombia se puso este subsidio a la oferta, dependiendo del número de vueltas que daban los buses. Entonces, los transportistas solo salían en las horas pico y luego cobraban el subsidio. Hay una cantidad de problemas que suscitan estas compensaciones.
¿Hay alternativas?
La alternativa es el subsidio a la demanda, que no se usa porque los políticos creen que al subir la tarifa la gente se les vendrá en contra. Sin embargo, hay que pagar el servicio. Lo que se debe hacer es tratar de subsidiar a las personas que no tienen para cubrir lo que cuesta el transporte. Esa sí es política tarifaria, si mañana se decide que las personas que reciben el bono solidario deben recibir el subsidio, entonces les voy a dar unos cuantos viajes en ese bono. Pero el 80% de las personas pueden pagar el alza y eso es lo que los políticos no se dan cuenta. Una persona de clase media puede pagar los 30 centavos, los que no pueden son los más pobres.
En el Concejo no hay seguridad de que haya los votos para la nueva tarifa…
Es que la política en ese sentido, la politiquería, le hace daño al sistema de transporte.
Pero también tienen razón en cuanto a que los niveles de calidad de servicio no han mejorado, es como decirle no se ha cumplido con el control…
Me parece que hay que fortalecer los cuadros técnicos, hay que poner ingenieros, planificadores y economistas de transporte, no políticos… porque si no hay contradicciones. Tanto es así, que en la prensa no se distingue la política tarifaria de los costos de transporte, son dos cosas absolutamente diferentes. Se dice que los transportistas no respetan, pero eso sucede porque no hay control, pero eso es diferente a una política tarifaria.
¿Cómo es una política tarifaria entonces?
Una política tarifaria podría ser: desde mañana no le cobro nada al pueblo de Quito, voy a cobrar más impuestos a los que tienen casas y de ahí sacaré para pagar el transporte. En Brasil, por ejemplo, había el Valetransporte, en donde el dueño de una empresa pagaba el 50% del transporte de los obreros. En Francia se cobran los prediales y se incluyen los costos del transporte, eso es política tarifaria. El costo de transporte está dado por los gastos en los que incurre para que funcione.
¿Quito tiene los datos de los costos operativos del transporte?
Aquí no hay empresas que tengan contabilidades confiables. Ciudades como Loja, Portoviejo, Guayaquil, Ambato y otras de trayectos más cortos y con menor congestión ya subieron el pasaje a 30 centavos hace más de un año y Quito está como dudando de subir o no.
¿Por el costo político?
Es por el costo político. Pero si se hace una encuesta de disposición sobre pago de las tarifas, va a ver que la gran mayoría está dispuesta a que le suban la tarifa. Claro que reclaman mejor servicio, pero es responsabilidad de quien administra.
¿Es responsabilidad del Municipio?
Claro. Si me permiten una sugerencia, hay que fortalecer la capacidad administrativa y de control para que se cumpla el nivel de servicio.
¿A la Alcaldía le tocaría llegar a un acuerdo con la oposición en el Concejo?
No lo sé. Estoy seguro que todos los señores concejales saben que el pasaje no se ha subido desde el 2003, pero ya no hay plata para subsidiar. Hay que poner el costo que le permita subsistir al sistema de transporte, si no se corre el riesgo de la desinversión. Si seguimos con esta política de represar las tarifas, al final vamos a empeorar el sistema y sufre la ciudadanía. A la gente pobre le impacta más la subida de pasajes, allá deberíamos enfocarnos y aplicar más control sobre el servicio, no solo en las unidades convencionales. ¿Qué pasa en el Trole donde la gente está hacinada?