Es de reconocer y saludar la preocupación del Gobierno Nacional por los peligros que pudiera ocasionar una eventual erupción del volcán Cotopaxi. Si algo ha demostrado el Régimen es que ha sabido reaccionar con firmeza frente a temas complejos y este, sin duda, lo es.
El Gobierno cuenta además con un instrumento constitucional que le permite tener un mejor manejo de crisis como esta. Es la figura del estado de excepción (arts. 164, 165 y 166),que fue dictada el sábado al mediodía.
Mucha gente en redes sociales, donde ahora se palpa con mayor rapidez el sentir de varios segmentos de la población, apoyó esta iniciativa que, entre otras disposiciones, contempla la censura previa de la información, obviamente, circunscrita a los temas que se relacionan con el volcán.
El Presidente ha dicho que es importante controlar el flujo informativo a fin de evitar que se cause pánico, lo cual pudiera ocasionar más problemas que soluciones. Por lo tanto, delegó al Ministerio Coordinador de Seguridad la vocería oficial sobre el volcán.
Sin embargo, dado el nivel de regulación que el Estado -llámese Gobierno Nacional- ha logrado ejercer en la prensa nacional vuelve reiterativa la inclusión, en el estado de excepción, de la censura informativa.
Varios son los argumentos. La Ley de Comunicación que rige en el país dio paso a la creación de dos organismos que han sabido cumplir, al pie de la letra, su espíritu controlador. La Superintendencia de Comunicación, que actúa de oficio con muchas capacidades sancionadoras, y el Consejo de Regulación, que además de dictar normas se ha mostrado muy diligente a la hora de ‘exhortar’ a los medios sobre cómo deben abordar temas espinosos para el Gobierno. Las autoridades estatales tienen, además, la posibilidad de enviar a los medios cartas, pedidos de réplicas y exigir sanciones que, en muchos casos, se tramitan en plazos de 72 horas.
Si para posicionar la versión oficial de los hechos, el Gobierno ya tiene una ley expedita, ¿para qué incluir esta nueva censura?