Imagen referencial. Hasta antes del 2017, la modificación de las series se hacía en Colombia. Policías ejecutan tareas especiales en estos días. Foto: Pixabay
Los programas informáticos y dispositivos físicos para cambiar la identidad de los celulares son promocionados públicamente en Internet. Legalmente no pueden hacerlo, pero quienes están detrás de estas operaciones incluso dan una garantía del 100% de que tras la modificación de las series los teléfonos no podrán ser rastreados por los uniformados.
La Policía Judicial (PJ) detectó que la alteración del código IMEI (secuencia de 15 números programados desde la fábrica) se ejecuta en talleres clandestinos de Quito, Guayaquil, Tulcán e Ibarra.
Hasta antes del 2017, para realizar esa operación los equipos eran enviados a Colombia.
El subdirector de la PJ, Pablo León, dice que en el país no solo hay personas que se capacitaron con tutoriales de Internet, sino que extranjeros llegaron para vender programas avanzados que cuestan USD 600.
El número de denuncias sobre robo de celulares oscila mensualmente entre 2 300 y 3 500. En diciembre se ejecutan operativos especiales para prevenir un repunte.
Según los expedientes que maneja la PJ, los sospechosos aprovechan eventos masivos organizados durante Navidad y Fin de Año, actúan en aglomeraciones que se forman en los centros de comercio o atacan a los conductores.
La anterior semana fueron detenidas en Ambato 19 personas con 40 celulares. Hace 15 días, en Puyo, se aprehendió a una persona que asistió a un concierto. Tenía en su poder 20 teléfonos móviles.
En Quito, el problema se presenta desde inicios de este mes, por las fiestas capitalinas.
En uno de los últimos festivales artísticos, a Melissa Villamar le sustrajeron su equipo.
Era un iPhone X que había comprado dos meses antes.
No sintió el momento en que el aparato desapareció del bolsillo de su chaqueta, que tenía un cierre de protección.
Otra persona también perdió su equipo en un descuido, mientras iba en una chiva.
Ambos celulares fueron localizados en un centro comercial del Centro de Quito, pero no pudieron recuperarlos.
En estos días de intensa actividad, los investigadores recomiendan tener más cuidado con los objetos.
Parte del trabajo de prevención que realizan los uniformados consiste en detectar a los sospechosos antes de que perpetren asaltos. Los agentes del Departamento de Análisis del Delito de la PJ cruzan datos de la información disponible.
Se valen de denuncias y filmaciones. Entre los datos a los que dan más relevancia están: la hora en que se produjeron los robos, los lugares, la proximidad de los centros de comercio, los autos en que se trasladan los victimarios.
Además, se toman en cuenta características físicas de los atacantes: tatuajes, tipo de ropa o el color del casco, en caso de que usen moto. Con eso se inician tareas de captura.
Las detenciones no solo se realizan en flagrancia (mientras se perpetra el delito), sino también en allanamientos dentro de los domicilios.
Un informe de Ameripol, una organización que agrupa a policías de 27 países, señala que al año se mueven USD 248 millones por el comercio ilícito en América Latina. Esta organización internacional también detectó un fenómeno en las rutas del comercio transnacional.
Los móviles robados en Colombia cruzan la frontera y llegan a Ecuador. Aquí se mezclan con otros aparatos sustraídos. Después, siguen su recorrido por Perú hasta llegar a Chile y Argentina.
Las organizaciones criminales usan a ciudadanos de cada país para movilizar los teléfonos y evitar sospechas de las autoridades migratorias. Por ejemplo, si los paquetes van a pasar por Perú, escogen a ciudadanos de esa nacionalidad.
En cada traslado se llevan hasta 10 móviles, que son camuflados en maletas comunes, junto a ropa o a comida. Este sistema de traslado se ejecuta durante todo el año.
Al ser un problema transnacional, las policías de la región también coordinan acciones.
En el 2017 hubo un operativo en el que participaron siete países. Los agentes detuvieron a 367 personas y decomisaron 11 611 celulares. En el 2018 hubo un segundo ejercicio, se retiraron 900 aparatos.