19 de diciembre de 2018 00:00

El Centro de Detención Provisional de San Roque y La Roca regresan

Presos que están en prelibertad barrían ayer un pabellón del antiguo CDP de Quito.

Presos que están en prelibertad barrían el pasado martes 18 de diciembre de 2018 un pabellón del antiguo CDP de Quito. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad
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La puerta metálica negra del Centro de Detención Provisional (CDP) de San Roque, en el Centro de Quito, volvió a abrirse hace dos semanas.

Desde entonces, 40 hombres trabajan en dos turnos. De lunes a viernes limpian la maleza, el patio y los pabellones para recibir a 164 personas que serán llevadas del CDP de El Inca.

La decisión del traslado se tomó luego de que se detectara un hacinamiento del 157% en ese lugar. La semana pasada, este Diario reveló que en El Inca están recluidos 2 179, pese a hay capacidad para 845.

Julio Ballesteros, viceministro de Atención a Personas Privada de la Libertad, confirmó a este Diario que con el traslado de los detenidos se intenta reducir la sobrepoblación a un 80%. Pero detrás también está el pronunciamiento a favor de los presos del juez Mauricio Estrella. En su fallo, emitido en septiembre de 2018, el magistrado dijo que los reclusos presentan enfermedades respiratorias debido al hacinamiento.

De hecho, Ballesteros advierte que el exceso de detenidos originó cuadros infectocontagiosos (tuberculosis) y respiratorios (tos y gripe).

El pasado martes 18 de diciembre de 2018, este Diario entró a las instalaciones del antiguo Centro de Detención de Quito, que dejó de funcionar hace cuatro años. Las paredes están despintadas y descascaradas.

En el pequeño patio, ubicado cerca de la entrada principal, hay un altar en cuyo interior se ven girasoles plásticos y guirnaldas viejas amontonadas entre basura.

Los baños fueron destruidos, otros están en desuso o llenos de tierra, escombros o botellas.

Esta vieja edificación tiene capacidad para 200 personas.

Por ahora, los grupos encargados de la limpieza recogen escombros. Con machetes y palas limpian, cortan y juntan la maleza. Quienes trabajan allí son presos que se acogieron al sistema de prelibertad. A cambio de las horas de trabajo no deben presentarse ante las autoridades durante un mes.

Con escobas y recogedores quitan la basura de los pasillos.

En ese grupo está Wilson. Ayer recordó que en el 2013 estuvo detenido en este lugar y que incluso participó de una fuga masiva de esa cárcel.

Ahora cumple una pena de 10 años por un delito del cual prefiere no hablar. “Ahora este trabajito nos permite tener un poco de tranquilidad durante un tiempo”. Otra persona murmura que “el trabajo es duro pero que vale la pena”.

Las paredes del vetusto centro aún conservan las imágenes de Vírgenes que colocaban los presos junto a sus camas de cemento. En un pasillo hay colchones que usaban los presos de San Roque. Las ventanas de los pabellones están rotas y los grafitis, ya ilegibles, decoran varias paredes.

En el Ministerio de Justicia se dice que el tratamiento para quienes no han pagado pensiones alimenticias no es el mismo que para las personas procesadas penalmente.

La misma situación se vive en Guayaquil. En el CDP de esa ciudad hay aproximadamente 180 detenidos por apremio.

El hacinamiento es del 4%, pero Justicia advierte que es necesario separarlos de quienes han cometido delitos comunes. Los deudores serán trasladados a La Roca.

A La Roca, de Guayaquil, serán llevadas 180 detenidos por apremio.

A La Roca, de Guayaquil, serán llevadas 180 detenidos por apremio. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

Ese centro carcelario dejó de funcionar hace cinco años, cuando los presos fueron trasladados al Centro de Rehabilitación del Guayas. En este momento, en ese lugar los presos por adeudar una pensión para sus hijos están junto a personas procesadas por robo, violación, drogas, estafa, delincuencia organizada, etc.

Por ahora, el traslado solo rige para Quito y Guayaquil. Pero en Jipijapa, por ejemplo, hay una sobrepoblación del 268%, en Bahía llega al 150%, en Ibarra al 123%, entre otros.

En el caso de Quito, una razón para el incremento de presos es que en el CDP están recluidas personas con sentencias ejecutoriadas. Ellas deberían pasar a las cárceles regionales. Hasta ayer, las autoridades no difundían la fecha para el paso de El Inca a San Roque, pues aseguraron que se trata de un tema de seguridad.

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