16 de diciembre de 2018 00:00

El CDP de Quito está abarrotado; hay un hacinamiento del 157%

En el pabellón La Tola están los detenidos por apremio. El lugar tiene una capacidad para 80 reos, pero allí hay 164. Fotos: Julio Estrella / El Comercio

En el pabellón La Tola están los detenidos por apremio. El lugar tiene una capacidad para 80 reos, pero allí hay 164. Fotos: Julio Estrella / El Comercio

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Redacción Seguridad

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El olor a orina es fuerte. Las paredes blancas y amarillas del Centro de Detención Provisional (CDP) de Quito se descascaran. Pese a los focos encendidos en los pasillos y en los 13 pabellones, hay oscuridad.

Allí se mantienen recluidos 2 179 presos con y sin sentencia y quienes no han pagado la pensión alimenticia. Pero este edificio de tres pisos, que funciona en El Inca, un barrio del norte quiteño, solo tiene capacidad para 845 personas. Hay un hacinamiento del 157%.

El pabellón La Tola está repleto. Hace calor, pero no hay ventilación. Al fondo aparecen los presos por apremio. Todos visten trajes naranja. Están acostados unos junto a otros en las estrechas camas. Quienes no tienen dónde hacerlo duermen en el piso, encima de una cobija de lana. Las toallas, camisetas, medias e interiores son secados sobre las literas.

Entre las rendijas aparece Juan Carlos. Está detenido desde noviembre por no pagar la pensión de un hijo y hoy representa a 164 reclusos de ese pequeño cuarto. Prefieren no llamarlo ‘caporal’ y dicen que ese término ya ha sido eliminado.

Cuando ven cámaras, todos hablan en tono bajo. “Queremos espacio”, murmura uno.

Juan Carlos dice lo mismo y muestra las cobijas acomodadas en una repisa. “Con eso duermen 30 compañeros que no tienen una cama”.

En septiembre ya protestaron por estas condiciones. El juez Mauricio Estrella, de la Unidad Judicial de Carcelén, constató cómo vivían y aceptó parcialmente el habeas corpus presentado por el abogado de los presos: ordenó que sean llevados al lugar donde están ahora. El pabellón donde estaban es más pequeño y el juez detectó que el hacinamiento generó tos, gripe y paperas.

Entre los detenidos aparece Santiago. Viste camiseta a rayas y un pantalón negro. Cuenta que es secretario del grupo y entrega los turnos para que la gente que está enferma se haga atender en el dispensario. Pero solo hay dos cupos por pabellón y Santiago dice que ve quién está más grave y lo envía a uno de los seis médicos que atienden a los 2 179 presos.

Juan Carlos espera que las autoridades los ayuden. Se despide y se aleja de la puerta metálica, que está asegurada con una cadena y un candado.

Desde el fondo dice: “En todos los pabellones pasa lo mismo”. Un pasillo estrecho y oscuro lleva a otras celdas.

Detrás de una puerta negra de metal aparece un pabellón que alberga a personas investigadas por drogas, robos, asociación ilícita, entre otros delitos. En un extremo, unos 30 presos sentados en sillas plásticas blancas o de pie miran televisión. Los demás duermen. Colgada sobre ellos se seca la ropa lavada en los baños.

Los presos hacen fila para recibir su almuerzo en tarrinas y recipientes plásticos. Foto: Julio Estrella / El Comercio

Los presos hacen fila para recibir su almuerzo en tarrinas y recipientes plásticos. Foto: Julio Estrella / El Comercio


Del fondo aparece Alexis, un hombre con pantalones largos y zapatillas sin cordones. Asegura que a él lo nombraron representante del pabellón y dice que ahí también hay personas que duermen en el piso.

La Secretaría de Justicia, que trabaja desde mediados de noviembre, detectó este problema y la semana pasada envió a 200 personas a Cuenca.

En septiembre, cuando se anunció la desaparición del Ministerio de Justicia, las autoridades dijeron que el hacinamiento en todo el sistema penitenciario llegaba al 38%.

Ahora en Jipijapa, Manabí, por ejemplo, ese porcentaje es del 268% (ver infografía).

En el CDP de Quito, la directora, Melissa Muñoz, sabe que la sobrepoblación comenzó en el 2015. El viceministro de Justicia, Julio Ballesteros, dice que el problema de ese centro obedece a que los presos con sentencia (30%) no han sido llevados a las cárceles regionales.

El miércoles el sol era intenso. En el patio del CDP la gente juega. Los muros, de 40 metros de alto, están asegurados con alambres de púas. Se oye a los presos cantar: “Yo creo en Jesucristo, para llegar al cielo...”. Desde las pequeñas ventanas cuelgan ropas y zapatos viejos.

Cerca de ahí está la cocina. A las 12:30, la gente hace fila para la comida. Unos cogen la sopa de fideo en tarrinas y otros en recipientes de plástico.

“La comida es muy poca”, se quejan. Ese día también había arroz con pollo y jugo de mora.

En el Informe 2017 del extinto Ministerio de Justicia se dice que se trabajó “en una efectiva rehabilitación y reinserción”.

Ese año, el presupuesto de Justicia fue de USD 72,4 millones. El año pasado se ubicó en USD 117 millones y en el 2019 se reducirá en 16,40%.

“Queremos mejores cosas”, dice un preso del CDP, en el que están recluidos dos exgerentes de Petroecuador, un funcionario de la Secom y un contratista del anterior Gobierno. Ellos no aparecen en el patio, que poco a poco queda vacío tras el almuerzo.

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