La relación entre Catalina Botero y Ecuador ha sido compleja

Catalina Botero, originaria de Colombia, estuvo a cargo de la  Relatoría Especial para la Lbertad de Expresión de la CIDH durante seis años. Foto: Archivo

Catalina Botero, originaria de Colombia, estuvo a cargo de la Relatoría Especial para la Lbertad de Expresión de la CIDH durante seis años. Foto: Archivo

Catalina Botero, originaria de Colombia, estuvo a cargo de la Relatoría Especial para la Lbertad de Expresión de la CIDH durante seis años. Foto: Archivo

La colombiana Catalina Botero, quien ha encabezado durante estos últimos seis años la Relatoría Especial para la Lbertad de Expresión, dejará hoy (6 de octubre de 2014) su puesto a su sucesor, el periodista uruguayo Édison Lanza, que asume hoy el cargo después de haber sido seleccionado en un concurso.

La relación entre Botero y el Gobierno de Ecuador ha sido compleja. Frente a los cuestionamientos de la relatora saliente, el Régimen ha contestado con una ofensiva en contra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), casa de la Relatoría.

Esta relación tensa viene desde 2009, cuando se comenzó a debatir en Ecuador la Ley de Comunicación. En ese entonces, la Relatoría hizo seis reparos a temas que se incluían en el proyecto, que finalmente fue aprobado en junio del 2013 y está en vigencia actualmente.

En diciembre de ese año, Botero envió una carta a la Asamblea Nacional, en la que señaló que la Ley debía “ser revisada a la luz de los estándares de los órganos regionales de protección de los derechos humanos de la región”.

Ese mismo mes, sostuvo que “la suspensión temporal o definitiva de las emisiones de cualquier medio, como resultado de una sanción administrativa, en cualquier Estado parte de la Convención Americana sobre DD.HH., es objeto de atención especial, en consideración al impacto y a la relevancia que una decisión podría tener para la libertad de expresión”.

Se refería a la suspensión temporal de Teleamazonas por 72 horas, por orden de la Superintendencia de Telecomunicaciones.

El informe de de la CIDH de 2010 recogió las observaciones de Botero, en las que expresaba su preocupación no solo por el proyecto de Ley de Comunicación, sino por el uso del presidente Rafael Correa y otros altos funcionarios de cadenas nacionales.

En el debate de la Ley, la Relatora fue invitada a la Asamblea, pero el oficialismo no ido paso a su invitación. “Aquellos que creen que tienen que venir a dar clase desde afuera, sí esa es la intención de invitarle, yo no tengo por qué hacerlo”, dijo en el 2011 el entonces presidente de la Asamblea, Fernando Cordero.

Sobre la invitación, el presidente Correa dijo que la CIDH “puede estar equivocada, no son el oráculo de Delfos y están muy influenciados por estos grupos que tienen una capacidad de presión extremadamente grande”.

Por esos mismos días, el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, aseguró que Botero tiene un nexo comercial con Fundamedios, ONG que alerta sobre amenazas a la libertad de expresión.

En enero del 2012 iniciaron las intenciones del Régimen ecuatoriano de hacer cambios en la Relatoría para la Libertad de Expresión, sobre todo en lo que se refiere a su financiamiento: que pueda buscar no aportes en otros lados sino que reciba la misma cantidad de dinero que las otras relatorías.

Desde entonces, el panorama se ha mantenido en esa tónica. En el último período de sesiones de la CIDH, el canciller Ricardo Patiño criticó nuevamente la extensión de los informes de la Relatoría y mantuvo su tesis sobre el financiamiento.

De su lado, Botero mantiene las críticas. En su último informe, presentado en el mismo período de sesiones, critica el uso de cadenas dirigidas a medios específicos.

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