13 de julio de 2018 00:20

Dos casos de violencia sexual contra niñas conmocionan

En Guayaquil se dio un caso de violencia sexual en una institución pública de la ciudad. Foto: EL COMERCIO

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Redacción Sociedad

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Las heridas en los genitales de Eli, de 2 años y 2 meses, empezaron a sanar. Los médicos hicieron una intervención quirúrgica a la pequeña, quien habría sido víctima de abuso sexual en marzo de 2018, cuando aún no cumplía 2 años.

El hecho se dio en un barrio de la capital. La madre de la niña, Jimena (nombre protegido), salió de compras. Lo hizo mientras su hija dormía en la vivienda que compartía con su pareja y presunto sospechoso. Ambos se habrían unido desde diciembre pasado.

Luego de tres horas, la madre regresó y encontró a la niña con la vagina desgarrada y el pañal con manchas de sangre. Él lo negó todo. Exámenes médicos determinaron que la pequeña sufrió un abuso sexual, según relató la abogada defensora de la niña, Carolina Arcos.

Jimena colocó la denuncia el primer día de abril, ya que busca justicia para su hija. El sospechoso está detenido y se espera la audiencia en la que se dictará sentencia. En Ecuador se reportaron 3 300 denuncias por violencia sexual contra niños y adolescentes entre el 2014 y mayo del 2018, según el Ministerio de Educación.

Y en las 19 fiscalías de Pichincha se receptan entre 17 y 20 denuncias semanales por violencia de género, que incluye abuso sexual de niños y adolescentes.

En el Código Orgánico Integral Penal (COIP) consta que se sancionará con pena privativa de la libertad de 19 a 22 años los casos de violación sexual. Se da prioridad cuando la víctima es menor de 14 años.

Estos hechos de abuso y violencia sexual han levantado las alarmas en entidades del Estado. En la Asamblea Nacional se espera la calificación del proyecto de Ley de Registro Nacional de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes.

Su proponente, Lourdes Cuesta, asambleísta por el movimiento Creo, dice que personas que hicieron daño a pequeñas como Eli ya no deben estar en contacto con niños. “Una vez que cumplan su condena pasarían a ser parte de un registro nacional”, a cargo del Ministerio del Interior.

En este constaría la información completa de la persona: nombres, apellidos, fotografía, nacionalidad, último sitio de trabajo y domicilio y delito.

El objetivo: distinguir a un grupo que puede poner en riesgo a los menores de edad.

En Estados Unidos -explica- hay una herramienta similar que se creó en el 2005. En esta se ofrecen datos públicos de personas que cometieron delitos sexuales en el territorio.

La legisladora, además, espera que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la pregunta 4 de la consulta popular de febrero. Ahí se hace referencia a que los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes no prescriban.

El caso de Eli no es el único registrado en estos días. Una zona recóndita del cantón Pasaje, en El Oro, ocultaba una historia de aberrantes abusos. Un hombre de 56 años es acusado de presuntamente violar a sus dos hijas, con quienes tuvo otros cinco hijos.

La mayor de sus nietas, de 14 años, sería su víctima más reciente. Está embarazada.

Aunque Segundo A. fue detenido el pasado domingo en una vivienda campestre donde se ocultó por años, los abusos comenzaron mucho antes. En el 2010, la maestra de la mayor de sus hijas notó moretones y una actitud retraída en la niña, que en ese tiempo tenía 11 años.

Ella descubrió el delito y presentó la denuncia. Un año después, en el 2011, se emitió una boleta de captura.

El fiscal Wilson Cuenca explicó que el acusado está detenido en el Centro de Rehabilitación Social de Machala, a la espera de la audiencia de juicio. “Ya se abrieron investigaciones y habría que establecer una presunta participación por omisión de la madre”.

La Dirección Nacional de la Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) realizó el operativo de captura en el sector Cerro Azul, un área montañosa de Pasaje. Lo encontraron junto a su esposa, hijas y nietos.

“Él mismo lo comenta, como si fuese un hecho natural. Dijo que ha mantenido relaciones sexuales con sus hijas”, informó Franco Oviedo, jefe de la Dinapen en El Oro. El fiscal indica que en este caso se aplicará el anterior Código Penal, que en el artículo 513 establece pena de prisión de 16 a 25 años.

La Red contra la violencia a niños, niñas y adolescentes estará vigilante de las actuaciones de la Función Judicial ante ambos casos, señaló Manuel Martínez, uno de sus voceros, para quien el caso de Eli requiere el apoyo de los ministerios de Inclusión Económica y Social y Salud. La madre y la pequeña necesitan ayuda.

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