1 de marzo de 2020 00:00

4 410 casos fueron resueltos por justicia indígena en cuatro años

En Maca Grande, Cotopaxi, el baño con agua helada se hace cerca del reservorio. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO.

En Maca Grande, Cotopaxi, el baño con agua helada se hace cerca del reservorio. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO.

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Diego Puente
Redactor (I)

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Es jueves. Humberto Jach toma el celular y habla con Jorge Guato, presidente de Aguallaca Grande, una comunidad indígena de Cotopaxi.

Jach es jefe político de Pujilí y ese día quería saber cómo se encontraba un adolescente que estaba retenido desde inicios de febrero. “Buenos días, compañero. ¿Cómo está todo por ahí? ¿Cómo está el chico? ¿Cuándo sale? Ah... “todavía no resuelven. Llamo mañana. Hasta luego”, dice, y cuelga.

Hablan de un caso que involucró a nueve personas que confesaron haber robado cabezas de ganado, casas y locales comerciales en Aguallaca Grande y en otros puntos cercanos. Tras capturarlos, cerca de 5 000 personas se reunieron para deliberar y decidir qué hacer con ellos bajo el régimen de justicia indígena.

Estos detalles se conocen en la Jefatura Política de Pujilí. Allí se sabe que la investigación que hizo un grupo contra los infractores tomó 20 días. En ese tiempo se presentaron pruebas y los sospechosos dieron su versión.

Al final, todos decidieron que pagaran USD 1 200 cada uno, como reparación y que se sometieran a un ritual de purificación que incluyó el baño con agua helada, ortiga y látigo.

Además, firmaron un compromiso para no volver a delinquir. Los implicados recuperaron su libertad en diferentes fechas. El último salió recién el viernes (28 de febrero del 2020). Guato no quiere que ningún extraño entre a su territorio para conocer cómo se manejan estos temas.

Este Diario recorrió zonas de Cotopaxi y llegó a Maca Grande, otra comuna en que administra su propia justicia. El pueblo pertenece a Poaló, una parroquia de Latacunga.

El único camino para llegar es lastrado y rompe con el pajonal que crece a 4 200 metros de altitud. El jueves, la mayoría de los habitantes estaba en la feria de Saquisilí. Ahí venden la cebolla que cosecharon en la víspera. María vive en la zona y en sus 27 años ha visto las asambleas populares que se realizan cerca de un reservorio de agua para el riego.

Cuenta que en diciembre de 2018, dos personas que robaron siete borregos fueron juzgadas por la población.

Manuel Ulcuango camina desde el centro comunal hacia su casa en Cochapamba. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO.

Manuel Ulcuango camina desde el centro comunal hacia su casa en Cochapamba. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO.

La Asamblea de ese lugar también ha resuelto casos de violación. Hace tres años se impuso una reparación de USD 10 000 a un hombre que había abusado de una chica.

El secretario de la comunidad, Raúl Chaloquinga, hace una puntualización: “Solo cuando la mujer o sus familiares (si la víctima es menor) están de acuerdo, aplicamos este mecanismo. Caso contrario, la denuncia la trasladamos a la justicia ordinaria”. Tampoco actúan si el investigado no pertenece a sus poblaciones.

Hace dos semanas, en el centro de Latacunga ocurrió lo contrario. Indígenas de Toacazo retuvieron a un hombre que no es de su comunidad y lo obligaron a subir a una camioneta para llevarlo y juzgarlo por estafa, un delito por el que ya es procesado en la justicia ordinaria. El fiscal de Cotopaxi, Augusto Semanate, recuerda que intervino y les dijo que no podían llevarlo porque es ilegal. Pero encendieron el vehículo y se marcharon. Después fueron detenidos por la Policía. Hoy son indagados por el delito de secuestro.

El Fiscal sabe que no es el único caso, que hay investigaciones abiertas contra los dirigentes por otros hechos.

Ellos defienden su sistema y cuestionan a la justicia ordinaria. Esta postura se agudizó tras el paro de octubre.

Dos meses después coincidió que un sector incluso planteó a la Corte Constitucional un pedido de consulta popular para incorporar la justicia ancestral al sistema institucional del Estado. Los jueces negaron la solicitud el 3 de febrero.

La dirigencia se basa en la Constitución. El artículo 171 señala que las autoridades indígenas aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos dentro de su territorio. En el caso de Maca Grande, los procesos quedan registrados en libros de actas, notificaciones y sentencias escritas que tienen firma y sello de los dirigentes.

La Constitución garantiza el respeto a esas decisiones. Es decir, una persona juzgada por esa justicia no será procesada otra vez.

Un letrero en la planta baja de la Fiscalía de Cayambe conduce a las oficinas de la fiscalía de asuntos indígenas. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO.

Un letrero en la planta baja de la Fiscalía de Cayambe conduce a las oficinas de la fiscalía de asuntos indígenas. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO.

En las comunidades que recorrió este Diario se conocen y resuelven casos que van desde conflictos por linderos, maltrato intrafamiliar, robo de ganado, estafas, accidentes de tránsito y hasta violaciones.

Una sentencia que la Corte Constitucional (CC) emitió en el 2014 determina que no pueden juzgar los asesinatos.

No todos los casos son resueltos en los pueblos. Otros llegan a las 16 fiscalías de asuntos indígenas que desde el 2007 operan en 13 provincias. Entre el 2015 y el 2019 ha recibido 4 410 denuncias de todo tipo de delitos.

Cayambe es uno de los cantones que más casos reporta.Un rótulo de papel pegado en la Fiscalía local guía a los usuarios que llegan a la oficina del fiscal Luis Arroyo. Él reconoce que hay problemas constantes por el cruce de procesos entre las justicias indígena y la ordinaria. “A veces, ellos (dirigentes) emiten actas de juzgamiento con fechas previas a nuestra investigación, para que nosotros no continuemos”.

Por ejemplo, una mujer de Lote 2, una de las 35 comunidades y pueblos de Cangahua, fue obligada por su conviviente a tomar un líquido fosforado para abortar y eso casi termina con su vida. El hecho se registró en el 2018 y la Fiscalía inició una investigación, pero no avanza, porque ya existe una sentencia emitida por una asamblea local y la afectada no acude a las diligencias.

En Cochapamba, en Cayambe, la casa comunal de dos pisos tiene capacidad para 1 000 personas. Allí se deliberan las sentencias cuando se comete un delito. Manuel Ulcuango es dirigente de la zona y explica que cada fallo varía según el grado del delito y la situación de la víctima y del infractor. En el 2019 resolvieron cerca de 30 casos. Este año ya llevan seis. La mayoría tiene relación con problemas de tierras o violencia intrafamiliar.

Ricardo Ulcuango, el exembajador de Ecuador en Bolivia, también es dirigente y señala que no todo tiene que ver con sanciones, sino también con soluciones. En el 2017 lograron que las notarías reconocieran una resolución sobre tierras y la adjudicación de lotes a 100 miembros. Todo el proceso se desarrolló en el interior del pueblo.

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