1 de diciembre de 2020 18:13

Caso de tortura contra estudiante del Colegio Mejía de Quito llega a la Corte Nacional de Justicia

El Consejo de la Judicatura anunciará las calificaciones que obtuvieron en la fase de méritos los 96 postulantes del concurso para seleccionar a los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

Se realizará un plantón en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia mientras se desarrolle la audiencia, este miércoles 2 de diciembre del 2020. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

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Sara Ortiz

Luego de seis años del proceso judicial, el caso de Ángelo Ayol llegará a la Corte Nacional de Justicia este miércoles 2 de diciembre del 2020.

A las 14:45 está previsto que se inicie la audiencia de casación, solicitada por los policías David A. y Freddy F., quienes fueron condenados a 10 y 5 años de cárcel respectivamente, por el delito de tortura y tortura por omisión.

El caso se remonta al 17 de septiembre de 2014, cuando los miembros de la Policía Nacional realizaron un operativo en los exteriores del Colegio Mejía, en el Centro Histórico de Quito, en donde se desarrollaban protestas sociales en contra de las medidas adoptadas por el gobierno del entonces presidente Rafael Correa.

Según las sentencias de primera y segunda instancia, durante la protesta, el joven salió de clases hacia su casa. Fue detenido por los agentes en los exteriores del colegio y recibió puntapiés por la espalda y golpes. Además, una moto de la Policía le pasó por encima. Así lo estableció el peritaje médico, psicológico y de entorno social que consta en el expediente.

Tras los golpes fue trasladado a la Unidad de Policía Comunitaria, frente a la Iglesia de La Basílica, en donde continuaron los golpes y torturas.

Además, no se le permitió contactarse con su madre y se lo llevó a la Unidad de Flagrancia para que un juez legalizara su detención.

El 15 de abril del 2019, el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha ratificó la sentencia emitida el 25 de septiembre de 2018 donde se declara culpables a los dos oficiales de la policía por el delito de tortura y omisión.

Para Alicia Barros, madre del joven, es fundamental que en esta última instancia los jueces ratifiquen la sentencia y se garantice el derecho a verdad y justicia.

Para este miércoles, mientras se desarrolla la audiencia, se realizará un plantón en los exteriores de la Corte Nacional.

Para Pamela Chiriboga, coordinadora jurídica de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y abogada del caso, en esta audiencia no se analizarán los hechos, ya que "la materialidad está comprobada. Este es una audiencia técnica, para constatar que las normas constitucionales y legales se han aplicado en legal y debida forma".

Por otro lado, los abogados de los policías mantienen hasta ahora la teoría de que no se pudo comprobar su responsabilidad y que no debían ser procesados por el delito de tortura sino el de extralimitación que tiene penas más bajas.

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