2 de September de 2009 00:00

El caso Teleamazonas

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Editorial Diario El Comercio

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Aunque el Primer Mandatario no ha vuelto a pronunciarse sobre su pedido de que “se sancione y clausure definitivamente” Teleamazonas por emitir una supuesta grabación en la que se escucha a Rafael Correa y a otros personajes conversando sobre presuntos cambios de última hora al texto de la Constitución, sus cercanos colaboradores guardan prudencia.

Los funcionarios Alexis Mera, Jorge Glass y Fernando Alvarado, entre otros, cada uno desde su ámbito, han tratado de bajar el tono amenazante y lapidario que usó el Presidente en su alocución semanal del pasado sábado. Los tres han ofrecido respetar el debido proceso -como estrictamente dispone la Constitución de Montecristi- y no han sido categóricos a la hora de hablar de un cierre definitivo del canal.

La orden del Jefe de Estado, hecha al calor del discurso de tarima y de los fervorosos aplausos de sus seguidores, se realizó con base en un cuestionable decreto ejecutivo que se contradice con las normas de la Carta Magna redactada y aprobada por la mayoría oficialista. La Constitución precisa que toda infracción penal, administrativa o de otra clase sea establecida por Ley y no por decreto. El Mandatario, como todos los ciudadanos ecuatorianos, tiene derecho a pedir sanciones legales cuando considere que se violan normas jurídicas o constitucionales, pero no puede, como tampoco lo podría hacer ningún otro ecuatoriano, irse por encima de la ley.

Es claro también que, aparte de cualquier proceso relacionado con la legalidad o ilegalidad al difundir la grabación, el país deberá exigir que el propio Mandatario asuma la responsabilidad de explicar a los ciudadanos el contenido de esa grabación.

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