1 de febrero de 2020 00:00

Caso Sobornos: Juicio se instalará con o sin los 21 procesados

Alexis Mera (en la pantalla) es uno de los procesados que asistirá por videoconferencia.

Alexis Mera (en la pantalla) es uno de los procesados que asistirá por videoconferencia. Foto: Archivo EL COMERCIO

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Sara Ortiz
Redactora (I)

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Los jueces de la Corte Nacional de Justicia usarán el sistema de videoconferencia para que siete personas, entre procesados y testigos del caso Sobornos, asistan al juicio que comenzará el 10 de febrero de 2020.

Alexis Mera, exsecretario Jurídico de la Presidencia, dice que él ya tiene arresto domiciliario y que le parece más práctico que su comparecencia sea por medios telemáticos.

En cambio, Yamil Massuh, antiguo asistente de la exministra María de los Ángeles Duarte, señala que vive una “caótica situación económica” y que esto no le permite cubrir los gastos de traslado y hospedaje de él y de su defensor. Por eso, el Tribunal Penal aceptó que su comparecencia sea por videoconferencia desde Guayaquil, ciudad en donde vive.

La asambleísta Viviana Bonilla es otra de las procesadas que no irá físicamente a la Corte Nacional, pero seguirá la audiencia a través de Skype.

Su pedido principal era que la diligencia judicial no se desarrolle, pues asegura que tiene una licencia de maternidad.

Pero el Tribunal de Juzgamiento decidió que sus derechos como madre se garanticen y se permita el uso de medios tecnológicos. El magistrado Iván León, presidente del Tribunal, explicó que también se deben preservar los derechos a la verdad y a recibir justicia que tiene el Estado.

En la convocatoria a la audiencia, el Tribunal indicó que el juicio se puede realizar con o sin la presencia de los procesados y si faltara algún abogado, la Defensoría Pública asumirá su tarea. Insistió que en febrero se instalará la audiencia de forma improrrogable.

Esta aclaración la hizo luego de que los abogados presentaran pedidos para cambiar la fecha de las diligencias, en una primera convocatoria previstas para el 31 de enero. Los juristas alegaron enfermedad y actividades académicas dentro y fuera del país, que les impedían estar presentes.

El Código Orgánico de la Función Judicial sanciona a los abogados que, de forma injustificada, no acudan a las citas judiciales. El artículo 338 determina que en esos casos la Judicatura suspenderá el ejercicio profesional de los abogados por uno y hasta seis meses.

Para las audiencias, la defensa del expresidente Rafael Correa solicitó al Tribunal que se incluya como prueba nueva el informe de la Comisión de Fiscalización de Gasto Electoral. En ese documento consta que la resolución del Consejo Nacional Electoral, de que no halló anomalías en los gatos de Alianza País. Sin embargo, la Fiscalía ha resaltado que el esquema que se usó fue una doble contabilidad para captar dinero de contratistas.

En este caso, la jueza Daniella Camacho identificó como víctima al Estado. Por eso la Procuraduría actuará en la fase de juzgamiento. Según esta entidad, las afectaciones por la trama de corrupción que habría operado desde Carondelet dañaron al país en dos formas: material e inmaterial. En la primera, la Procuraduría calculó el perjuicio en USD 21,3 millones. Por el segundo aspecto, las afectaciones fueron a la imagen del país y a la democracia, dijo el ente.

En la fase de juzgamiento, -que tomará más de tres semanas- hay cuatro testigos que se presentarán a través de videoconferencia. Entre estos está el comunicador Carlos Rabascall. Su testimonio es importante para la Fiscalía, pues en su primera versión contó cómo evidenció el sistema de cruce de facturas. Dijo que el 27 de diciembre del 2013, él cobró la factura Nº 1142, por USD 7 840, por una asesoría comunicacional que dio a Alianza País, pero el monto fue cancelado por una constructora, cuyo directivo está procesado.

Rabascall le dijo al Tribunal de Juzgamiento que tiene una discapacidad del 42% y que por ese motivo prefería colaborar con la justicia por medio de videoconferencia.

Otra versión que se obtendrá vía telemática es la del exgerente financiero de Odebrecht, Geraldo Pereira de Sousa, quien seguirá el juicio desde el Consulado General de Ecuador en São Paulo, Brasil.

Dos testigos más solicitaron comparecencias virtuales por problemas de salud. Para el Tribunal de Juzgamiento, los testigos, abogados y procesados que no acudan a la Corte deberán seguir el desarrollo de las diligencias “bajo su responsabilidad”.

En contexto

En el caso Sobornos 2012-2016 están procesadas 21 personas, entre exfuncionarios y contratistas con el Estado. La Fiscalía los acusa de cohecho, un delito que no prescribe y por el cual los sospechosos pueden ser juzgados aunque se encuentren prófugos.

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