La audiencia preparatoria de juicio en contra de 10 procesados en el caso Senae se instaló este martes 24 de enero del 2023, en Guayaquil. Las 10 personas están acusadas por el presunto delito de asociación ilícita para la oferta de tráfico de influencias en instituciones públicas.
Las investigaciones de Fiscalía señalan que los procesados supuestamente incurrieron en actos de corrupción relacionados con la oferta de cargos de nivel directivo en instituciones públicas, a cambio de altas sumas de dinero. En especial, en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae).
“Los involucrados habrían buscado a personas reconocidas e influyentes en el campo político y social para que les ayuden a gestionar cargos públicos, sobre todo en la Aduana del Ecuador. En esa entidad pretendían posesionar a uno de sus miembros”, indicó el fiscal del caso, Bolívar Burbano, durante la audiencia.
La sentencia
En esa cita judicial, uno de los 10 procesados aceptó su responsabilidad en los hechos investigados y se sometió a un procedimiento abreviado. Por lo tanto, esa persona fue sentenciada a un año de cárcel por el delito de asociación ilícita.
Además, la jueza de la causa señaló que deberá pagar una multa de 10 salarios básicos unificados y pedir disculpas públicas por los actos ilícitos cometidos.
En la audiencia, el fiscal Burbano señaló que el hoy sentenciado fue parte de un grupo de personas que ofreció USD 3 millones para que otro de los procesados se posesione como subdirector General de Operaciones en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae).
Los otros implicados en el caso Senae
Luego de dictar la sentencia contra uno de los procesados, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio continuó para los otros nueve imputados.
Allí, las defensas de los procesados expusieron ante la jueza “presuntos vicios que pudieran afectar a la causa”.
Tras escuchar los argumentos de los abogados y la Fiscalía, la jueza suspendió la audiencia para analizar su decisión. Dijo que fijará una nueva fecha y hora para reinstalar la diligencia e informar si declara válido el proceso investigativo o lo anula.
