15 de agosto de 2019 00:00

Ocho resoluciones dejaron bajo reserva información de Coopera

Mientras se desarrollaba el juicio, los afectados protestaban en la Corte del Azuay.

Mientras se desarrollaba el juicio, los afectados protestaban en la Corte del Azuay. Foto: Archivo EL COMERCIO

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Redacción Seguridad
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A través de un escrito remitido al Ministerio de Gobierno, la Secretaría Anticorrupción y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria pidieron que se realice los análisis técnicos y jurídicos para incorporar a la lista de los Más Buscados a tres personas que están prófugas dentro del caso Coopera.

Este tema data del 2013, cuando una auditoría evidenciara movimientos económicos inusuales en esa entidad financiera y el 11 de junio de ese año su gerente fuera detenido por un delito de lavado.

El pedido, de dos páginas, fue remitido luego de que las autoridades desclasificaran la información sobre este caso.

Anticorrupción dijo que Coopera acumuló casi USD 50 millones en pérdidas y que esto afectó en su momento a 113 000 familias de Azuay y de Guayas, que tenían cuentas en esta entidad financiera.

“Existió triangulación de fondos entre Venezuela y Ecuador a través de paraísos fiscales, depósitos ilícitos en 84 cuentas claves, empresas y exportaciones de papel, socios estrellas que recibieron beneficios al margen de la ley”, señaló el secretario Anticorrupción, Iván Granda.

La información liberada también será remitida a la Comisión Nacional Anticorrupción-capítulo Azuay y a los abogados de los perjudicados.

La idea es que analicen los documentos y si es del caso emprendan acciones legales.

La Comisión Anticorrupción se reúne hoy para analizar las acciones que se tomarán al respecto. “A pesar de que ya han pasado seis años y muchos de los procesos penales estarán prescritos nunca está por demás que se haya desclasificado esa información”, indicó Diego Andrade, integrante de este grupo.

Recordó que, desde el 2015, cuando se creó la Comisión en el Azuay, han pedido permanentemente datos a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y a los liquidadores y que la repuesta era siempre la misma: no se puede entregar información porque estaba clasificada. Sus integrantes remitirán oficios a la Superintendencia, para que la documentación liberada se ponga bajo custodia.

Andrade cuestiona el tiempo en que el caso pasó bajo sigilo. “Muchos nos preguntamos por qué se declararon 15 años de reserva de la documentación, pese a que la ley prevé que solo se puede declarar bajo sigilo 180 días”.

Las actuales autoridades mostraron cómo durante el Gobierno anterior se emitieron ocho resoluciones con las que se impidió conocer movimientos de Coopera.

Por eso, Anticorrupción espera que al analizar el material que se hizo público se conozca qué hubo detrás. “Esto nos permitirá saber si existen autoridades que estuvieron involucradas en el ocultamiento de datos y si con eso se puede determinar indicios de peculado”, indica Andrade.

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