El caso de corrupción Arroz Verde pasa a llamarse ‘caso Sobornos’; Fiscalía tiene 200 evidencias

La fiscal General, Diana Salazar, dijo que renombró al caso 'Arroz verde' por el caso 'Sobornos 2012-2016'. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO

La fiscal General, Diana Salazar, dijo que renombró al caso 'Arroz verde' por el caso 'Sobornos 2012-2016'. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO

La fiscal General, Diana Salazar, dijo que renombró al caso 'Arroz verde' por el caso 'Sobornos 2012-2016'. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO

El caso nació con el nombre de ‘Arroz Verde’, pero ahora la Fiscalía decidió llamarlo caso Sobornos durante el periodo 2012-2016’.

“A partir de ahora nos apartamos de esa denominación de ‘Arroz Verde’ y manejamos nuestra propia investigación”, dijo la fiscal general, Diana Salazar. Así tratará de establecer si hubo o no aportes ilegales a la campaña de Alianza País.

Dentro de este expediente, la Fiscalía tiene “18 cadenas de custodia con más de 200 evidencias”. Entre las pruebas están “varias agendas” confiscadas a Pamela Martínez y que fueron encontradas en sus inmuebles.

En las agendas se manejaban códigos, nombres de funcionarios públicos, nombres de empresas, fechas y cantidades. Además se incautó dinero en efectivo y computadoras a las que tuvo acceso Martínez en la Presidencia de la República y la Corte Constitucional.

En este caso están investigados funcionarios públicos como Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte que “habrían recibido valores económicos de empresas privadas a través de Pamela Martínez y Laura Terán

El lunes 8 de julio, Salazar compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Allí dijo que la Fiscalía realiza una investigación donde “varias empresas privadas realizaron aportes para en lo posterior recibir beneficios en la adjudicación de contratos con el Estado”.

En las empresas que están bajo investigación, la Fiscalía incautó tablets, teléfonos celulares, documentos, facturas, soportes financieros y dinero.

El proceso fiscal se inició el pasado 4 de mayo de 2019 tras una publicación del portal Mil Hojas donde empresas multinacionales fueron señaladas en aportes a campañas electorales para Alianza País. Ese día se dispuso llevar a Martínez a las oficinas judiciales.

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