Redacción Judicial
El proceso que el Estado impulsa contra la firma constructora Andrade Gutiérrez será tramitado en la Corte Nacional de Justicia.
Según la Contraloría, en 1998 se entregó a esa empresa “de forma ilegal” un título de crédito por USD 24,4 millones, para la construcción de la carretera Méndez-Morona.
El ente de control aplicó un examen especial al contrato suscrito con el Estado y determinó que la firma Andrade Gutiérrez debía devolver USD 23,4 millones.
Pero la empresa presentó un recurso jurídico, para impedir el pago, ante la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Pichincha, que llevó el caso.
El 3 de julio de 2007 esta Sala aceptó la demanda de excepciones a la coactiva de Andrade Gutiérrez y declaró la nulidad de un título de crédito para el Estado ecuatoriano.
Eso, según Contraloría, produjo un perjuicio al Fisco y, con base en ello, se interpuso un recurso de casación y otro de hecho, ante la misma Sala. Los dos pedidos fueron negados.
La Contraloría aseguró que fue en un acto “antijurídico”, pues la Sala debía pasar la casación a la Corte Nacional de Justicia, “para que califique la admisibilidad y procedencia del recurso y no dictaminar un fallo sin competencia”.
La Fiscalía General inició instrucciones fiscales contra el jueces de la Segunda Sala por abrogación de funciones y fueron destituidos. El 1 de diciembre último, la nueva Segunda Sala del Tribunal lo Contencioso Administrativo de Pichincha corrió su fallo y envió el recurso de casación a la Corte Nacional de Justicia.