21 de marzo de 2019 09:30

Caso Carolina es reconstruido; se hallan más inconsistencias

Ayer, la Policía Judicial y Fiscalía hicieron diligencias en el último sitio que visitó Carolina.

El pasado miércoles 20 de marzo de 2019, la Policía Judicial y Fiscalía hicieron diligencias en el último sitio que visitó Carolina. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad
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Sus expresiones muestran indignación. “¡Cómo pueden seguir defendiendo lo indefendible!”, criticó Amanda, madre de Carolina, la joven de 15 años cuyo cuerpo fue abandonado en un terreno baldío del norte de Quito, siete meses atrás.

“¡No más abuso de poder!”, agregó. Su cuestionamiento está dirigido a una defensora pública, quien actuó como abogada de los posibles involucrados en la violación y homicidio de su hija.

La defensora intervino, por ejemplo, en una audiencia del 7 de marzo pasado. En la Sala de la Familia y Niñez, de la Corte Provincial de Pichincha, se analizó un Habeas Corpus planteado por ella.

El argumento de la funcionaria fue que la fiscal del caso, Mariana Huilcapi, privó ilegalmente de la libertad a dos de sus defendidos (uno no está preso). Dijo que se los retuvo en Fiscalía durante horas y en ese tiempo la agente tomó las versiones de los investigados.

La defensora pública solicitó al Tribunal que se dicte una “reparación integral” y que la fiscal “pida disculpas públicas por 15 días”. El Tribunal negó el recurso legal y le recordó a la defensora que la actuación de la Fiscalía estuvo apegada al Código Penal, artículo 444.8.

Allí se describe como una atribución de los fiscales “impedir, por un tiempo no mayor de ocho horas, que las personas cuya información sea necesaria, se ausenten del lugar”.

Este no ha sido el único incidente que critica la madre de Carolina. Según la mujer, después de que se halló el cuerpo sin vida de Carolina (26 de agosto del 2018), la defensora acordó con los sospechosos para que estos no hablaran sobre lo ocurrido con la chica.

Víctor Ch., uno de los detenidos, corroboró este dato en la declaración que de forma voluntaria rindió en la Fiscalía el pasado domingo.

El hombre, de 43 años, contó que el día que fue llamado a dar su primera versión se encontró en la Fiscalía con un adolescente llamado Anthony, quien estuvo con Carolina la noche anterior a su muerte.

“La madre de Anthony le dijo que cuente la verdad... fue en ese momento que la doctora (defensora pública) les dijo que se callen, que no digan nada de eso, que eso deben ocultar. Y les llevó a conversar en privado”, declaró el procesado.

“Desde el inicio, la defensora ha intentado obstruir a la justicia”, indicó Milton Castillo Maldonado, abogado de la familia de la víctima.

El jurista prepara una queja para que el Consejo de la Judicatura revise el trabajo de la funcionaria. No descarta denunciarla por un posible fraude procesal.

Este Diario solicitó ayer un pronunciamiento a la Defensoría Pública. La entidad dijo que prepara una respuesta.

Desde el 2012, la Defensoría Pública cuenta con un manual denominado Estándares de Calidad, en donde se describe cómo debe ser el trabajo de un defensor público penal.

Allí se habla de los parámetros de actuación, las estrategias de defensa y los procedimientos que se deben aplicar para brindar “servicios legales gratuitos de alta calidad”.

El artículo 6 de esta norma dice que el defensor debe entrevistarse “de forma reservada” con la persona procesada e informarle “sobre los cargos formulados en su contra por la Fiscalía, así como sus posibles consecuencias”.

En el artículo 7.2 se habla, en cambio, del debido proceso. Se indica que el defensor público debe “verificar la constitucionalidad y legalidad de una detención o prisión preventiva, a fin de evitar su aplicación ilegal, arbitraria o ilegítima”.

Para la madre de Carolina, la actuación de la defensora debe ser revisada junto con la de los policías de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, quienes en un primer momento concluyeron que la muerte de la adolescente fue natural.

La madre también pide que se vigile de cerca el trabajo de un fiscal de la Unidad de Adolescentes Infractores. En ese sitio se encuentra el expediente contra los menores de edad que reconocieron haber abandonado el cuerpo de Carolina en el terreno baldío. “Se pretende procesar a los menores por fraude procesal y no por asesinato”, advirtió Castillo.

Por la tarde, el abogado acudió a la reconstrucción de los hechos. Peritos recogieron nuevas pistas para aclarar cómo fue la muerte de la joven.

Los Hechos

25 de agosto de 2018

Carolina no volvió a casa y los familiares comenzaron a buscarla. Fue hallada sin vida al siguiente día. Desde entonces comenzó la investigación.

26 de agosto de 2018

Una vecina del Comité del Pueblo grabó con su celular el momento en el que cuatro jóvenes abandonaron el cuerpo de Carolina en un terreno baldío.

17 de diciembre de 2018

La Dirección de Delitos Contra la Vida (Dinased) concluyó que la muerte de la adolescente fue natural y dijo que se debe indagar una violación.

17 de marzo de 2019

La Fiscalía imputó cargos contra tres personas por la violación y muerte de la menor. Dos quedaron con prisión preventiva y uno no puede salir del país.

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