19 de diciembre de 2018 00:05

Factores sociales pesarán al extender carné de discapacidad

En un dispensario de Cotocollao, la doctora Juana Rivera atiende a Pedro Lema, quien perdió la visión, en el 2014.

En un dispensario de Cotocollao, la doctora Juana Rivera atiende a Pedro Lema, quien perdió la visión, en el 2014. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Daniela Cevallos
Redactora (I)

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Pedro Lema cumplió 63 años y en su carné se lee que tiene 84% de discapacidad. La semana anterior acudió al Centro de Salud de Cotocollao, norte de Quito, para consultar si debe renovar el documento, pues supo de un nuevo instrumento de calificación. Hace cuatro años perdió la visión a causa de un tumor cerebral.

El proceso de calificación al que se sometió hace más de tres años -dice- consistió en una evaluación de sus signos vitales, visión, capacidad auditiva, motriz y de lenguaje. Eso le permitió obtener el documento y con ello acceder a derechos específicos como ayudas técnicas, descuentos y bonos, pues sus condiciones económicas no son favorables.

Según la Ley Orgánica de Discapacidades, que rige desde el 2012, una persona en esa condición es aquella que como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, ve restringida permanentemente su capacidad para ejercer una o más actividades diarias.

El proceso de calificación permite establecer el porcentaje de discapacidad de una persona. Quien registra desde 30% de discapacidad adquiere derechos, por ejemplo, para importar un auto con exoneración de tributos.

Personas con discapacidad

Ahora el proceso de calificación será más completo y no solo centrado en lo médico. Se tomarán en cuenta parámetros como ‘participación social y contexto’. Esto abarca las condiciones de vida de la persona, explica Gabriela Barahona, coordinadora técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis).

El Ministerio de Salud es el ente encargado de los procesos de calificación, por lo que deberá aplicar este nuevo manual con más de 600 equipos en los 138 distritos.

Para esto, a partir de enero del próximo año se capacitará a los equipos del Ministerio, que están integrados por médicos, trabajadores sociales y psicólogos. En el país hay 304 médicos, 116 trabajadoras sociales y 182 psicólogos evaluadores, precisó Juan Chuchuca, viceministro de Atención Integral en Salud, subrogante.

Esta capacitación es importante porque regirán otros lineamientos, más enfocados a la realidad nacional.

Antes, la calificación se basaba en el instrumento publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1980, hace 38 años; centrado en el contexto español.

La Cartera de Salud tiene un plazo de 12 meses para capacitar a su personal con los nuevos lineamientos. “Progresivamente se irá aplicando este manual, a lo largo del año”, confirmó Chuchuca.

Juana Rivera integra un equipo calificador, en el Centro de Salud de Cotocollao. A diario atiende a unos 10 pacientes, buena parte busca la recalificación, un requisito para acceder al beneficio de importación de un auto sin impuestos.

El actual proceso comprende una revisión del estado físico de la persona y una evaluación de los aspectos psicosociales, mentales e intelectuales. Pero al estar basado en un contexto que no es nacional -dice- no tomaba en cuenta particularidades sobre la situación de los ecuatorianos.

Pedro Lema, quien aprendió a vivir con discapacidad visual, opina que era necesaria una valoración que incluyera detalles de cómo viven, su nivel de inclusión y participación en la sociedad. “Eso quizá ayudará a las autoridades a saber cómo está nuestro nivel de acceso al trabajo, por ejemplo”.

El nuevo documento se elaboró desde noviembre del 2017 con la participación de especialistas en salud de universidades como la Central, San Francisco de Quito (USFQ), Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y Andina Simón Bolívar. También colaboraron delegados del Ministerio de Inclusión Económica (MIES) y del Conadis.

Como parte del proceso se probó la herramienta, con la participación de 66 personas con diferentes tipos de discapacidades y edades.

Para Barahona, coordinadora técnica del Conadis, lo esencial del nuevo proceso es que permitirá enfocar mejor las políticas públicas. Se consultará a la persona sobre sus condiciones de vida, si está empleada, si accede a educación, a servicios básicos, etc.

“No es lo mismo enfrentar una paraplejia en la zona rural que en la urbana”.

Byron López tiene 40 años y cumplió 22 con discapacidad. Sin su pierna izquierda llegó a ser un atleta reconocido y preside el Comité Paralímpico Ecuatoriano. “Espero que con este instrumento puedan reconocer las barreras que enfrentamos a diario y que pesan en la valoración”. Lo ideal -comentó- sería que también sirva para fomentar el buen trato a personas diferentes.

Bella Loor preside la Asociación de personas con discapacidad Guerreros por la Vida. El acceso al trabajo y educación -dice- aún son barreras. Por eso considera un avance que el país cuente con un instructivo de calificación, que les permita exponer esas dificultades.

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