19 de septiembre de 2018 00:00

Carlos Negret: ‘Se habla de 1 000 y 1 500 disidentes y eso preocupa’

Carlos Alfonso Negret Mosquera es abogado de la Universidad Javeriana de Bogotá, con especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en España. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

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Entrevista a Carlos Alfonso Negret Mosquera, abogado de la Universidad Javeriana de Bogotá, con especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en España. Ha ocupado cargos en el sector público y el privado de Colombia.

La Defensoría del Pueblo hizo un seguimiento del secuestro y asesinato del equipo periodístico de este Diario. Seis meses después, ¿qué información tienen?

Después del secuestro hicimos un trabajo coordinado con la Defensoría del Pueblo de Ecuador y le hicimos un llamado a alias ‘Guacho’, en el que decíamos estar listos para ir a recoger al grupo de EL COMERCIO. Pero él nunca contestó y ocurrió lo que ya sabemos.

¿Por qué asesinaron a Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra?

Mire, estuvimos muy pendientes de las familias de los tres y ahora estamos pendientes de cómo avanza el proceso penal que adelanta la Fiscalía y esperemos que el Fiscal General nos diga pronto por qué estos señores tomaron esa decisión.

Cuando se hablaba del proceso de paz en Colombia se decía que la posguerra ayudará a esa nación y a Ecuador. Pero parece que no es así.

Creo que tenemos que trabajar más fuerte. El proceso de paz tiene una implicación importante para Ecuador y Colombia. Ambos países necesitan realizar más inversión social en zonas de la frontera. Con relación a la paz en sí, la reincorporación está diseñada a 15 años y vamos a los dos. Debemos tener paciencia.

¿Paciencia? ¿15 años no son demasiados?

Es que es un grupo que estuvo 53 años haciendo el mal y el Estado colombiano todavía no ha cubierto esos espacios que debía cubrirlos con mejor educación, salud, vías. Usted va a la frontera con Ecuador y no hay vías, no hay buenos colegios, no hay buena salud. Por eso, esas zonas están en manos de estas personas.

¿15 años para que los disidentes se acomoden a la sociedad?

No. 15 años es todo el proceso de reincorporación. Usted sabe que se han tomado medidas políticas en el sentido de que 10 fueron al Congreso y eso ya está. Todo el proceso de reincorporación es para cubrir a ellos. Se desmovilizaron

11 000 ciudadanos y tendremos que trabajar en proyectos productivos. Lo que necesitamos es que el que se desmovilizó, el que quiere hacer la paz se reincorpore con trabajo, con educación.

Ahora, casos como el de ‘Jesús Santrich’, que ha sido procesado por droga y otros que han dejado las veredas no son una buena señal.

Eso le preocupa a la Defensoría del Pueblo. Pero como se ha dicho, quien incumpla después de la firma de paz tendrá que ir a la justicia ordinaria.

¿Pero no se les está yendo de la mano el tema de los disidentes?

El tema de los disidentes había sido advertido por la Defensoría del Pueblo en el sentido que estábamos viendo muchos movimientos en las zonas. Habíamos advertido de esto y claro que nos preocupa. Y nos preocupa porque ya estamos hablando que hay entre 1 000 y 1 500 disidentes.

¿Y sigue creciendo?

Lógicamente crecerá el número si es que el Estado colombiano no llegue con la oferta institucional para atender a esos ciudadanos, que estaban en armas y que decidieron dar el paso a la paz. El riesgo es latente, porque los disidentes jalan a cualquier ciudadano.

Y quienes no aceptan son asesinados.

Entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de julio del 2018 han sido asesinados 343 líderes sociales. Esto no debe ocurrir, pero si no había paz habría más muertes.

¿Qué hay detrás de estos hechos?

Matan a quienes no quieren que en su zona se cultive coca o por no estar de acuerdo con la minería ilegal.

Ahora, usted también trabaja en el tema de migración venezolana. ¿Qué hacen las Defensorías de la Región?

Esto se tiene que asumir con un problema regional, porque impacta a Chile, Perú, Ecuador y Colombia. No es un hecho aislado. Las Naciones Unidas dicen que en los últimos tres años han salido 2,3 millones de ciudadanos venezolanos y esto va en aumento.

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