La Comisión de Fiscalización recibió al fiscal General, Carlos Baca Mancheno este 11 de abril del 2018, sobre el caso del audio de la conversación del expresidente de Asamblea José Serrano, con el ex contralor Carlos Pólit. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO
El fiscal general Carlos Baca Mancheno acudió a la Comisión de Fiscalización para presentar las pruebas de descargo en el marco de un proceso de juicio político por supuesto incumplimiento de funciones este 11 de abril del 2018. La sesión se cerró luego de cuatro horas y media, que duró la intervención de la máxima autoridad de la Fiscalía.
En su intervención, realizada la tarde de este miércoles, negó supuestas presiones al policía Danny Ibarra quien fue el encargado de elaborar un parte policial en el que se recoge la conversación entre el expresidente de la Asamblea José Serrano, y el excontralor Carlos Pólit, quien actualmente se encuentra prófugo. Según Ibarra, el parte escrito fue elaborado luego de que Baca lo haya hecho público en una rueda de prensa el 26 de febrero pasado.
Baca señaló que recibió, a las 08:45 de ese día, un “parte verbal” que le advirtió sobre la existencia del audio en una red social. Por eso, cerca de quince minutos después, decidió hacerlo público debido a que tiene “sangre en la cara” para denunciar la conversación y aprovechó la convocatoria a una rueda de prensa, que estaba prevista para abordar otros temas, para referirse a la conversación.
Frente a la pregunta del legislador Jimmy Candell, del movimiento Peninsular Creyendo en Nuestra Gente, sobre si antes de hacerlo publico, el audio pasó un trámite legal, Baca respondió que no. Añadió que actualmente está en un proceso de indagación previa.
En la comparecencia, el fiscal puso en entre dicho lo afirmado por el uniformado el 4 de abril, cuando declaró que acudió el 4 de marzo a la casa del secretario de Gestión de la Política, Miguel Carvajal, para exponerles las supuestas irregularidades en el parte y señalarle que necesitaba protección especial.
Con hoja en mano, Baca señaló que tenía un oficio enviado por Carvajal a la Asamblea en el que se asegura que la cita con Danny Ibarra se dio por pedido del entonces presidente de la Asamblea, José Serrano quien incluso lo habría acompañado al encuentro. “¿Acaso esa información les dijo el Policía o les dio a entender que por una actitud valiente se plantó a las afueras de la casa del Secretario (Miguel Carvajal) para denunciar las supuestas irregularidades”.
También desmintió la versión de Ibarra, quien manifestó que el 5 de marzo tuvo una reunión, en la Fiscalía, con su superior, el teniente coronel Renato González y el general (r) Patricio Pazmiño, en la que se le presionó para hacer un diagrama de vinculación y una línea de tiempo para señalar a posibles responsables de un supuesto complot en contra del Fiscal. Según Ibarra, en su última declaración en la Asamblea, en esa reunión participó de manera intermitente Carlos Baca. Sin embargo, el Fiscal señaló que no pudo estar porque asistió a una audiencia en la Corte Nacional.
Entre los elementos que había solicitado Baca para su intervención en la Comisión estuvieron las copias de lo grabado por las cámaras de seguridad de la Asamblea entre el 1 al 9 de marzo. Baca denunció que no existe la filmación de la cámara de ingreso a la planta baja del edificio, desde las 17:30 del lunes 5 de marzo. Ese día Ibarra se reunió con el exasesor de la Presidencia de la Asamblea, Diego Fuentes, antes de acudir a la Notaría Séptima de Quito para presentar una declaración juramentada con las posibles inconsistencias del parte policía. Según declaraciones de Fuentes, la cita se dio primero en el Legislativo.
En su intervención, frente a los legisladores de Fiscalización, Baca advirtió posibles problemas en los casos que lleva adelante la Fiscalía si él es interpelado y censurado por el Pleno. A su criterio, la defensa de los actuales procesados y condenados podrían señalar que el Fiscal ha sido sancionado políticamente para utilizarlo como una herramienta legal.
La Comisión tiene un plazo de cinco días para presentar un informe por escrito a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, con los elementos para recomendar el inicio de un juicio en el Pleno o archivar el proceso.
