29 de noviembre del 2019 00:00

Fiscales investigaron tres meses a José Carlos Tuárez

Este es el momento en que agentes élite detienen a Carlos Tuárez, expresidente del Consejo de Participación. Foto: Cortesía / Fiscalía

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Reds. Seguridad y Guayaquil

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Cuando sale por el patio, el cura Carlos Tuárez se persigna y camina lentamente en medio de policías élite que llegaron a una casa ubicada en Portoviejo, Manabí, para capturarlo.

El arresto se produjo la madrugada de ayer 28 de noviembre del 2019. Mientras un equipo de agentes detenía al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, otros allanaban 32 viviendas más en seis provincias. En total, 33 personas quedaron bajo custodia de las autoridades.

Todos son señalados por la Fiscalía porque, supuestamente, formaban parte de una organización dedicada a ofertar cargos en instituciones estatales, como la Dirección de Aviación Civil (DAC) y la Aduana.

Las primeras investigaciones fiscales dicen que a cambio el grupo exigía “grandes cantidades de dinero, que van desde los USD 5 millones hasta los USD 20 millones”.

Las indagaciones comenzaron hace tres meses, luego de que un ciudadano presentara una denuncia por estafa.

Desde entonces, la Fiscalía realizó vigilancia, filmaciones, seguimientos, escuchas, interceptaciones telefónicas y se constataron depósitos en cuentas de uno de los integrantes de la organización.

Tras analizar los datos recopilados, los agentes señalan que Tuárez y el resto de aprehendidos “también habrían ofertado contratos en entidades públicas, a cambio de recibir entre el 10% y 20% del monto total de la contratación”.

Una vez ejecutados los allanamientos, en poder de los investigadores quedaron teléfonos celulares, dinero en efectivo, cheques, documentos, ‘laptops’, armas y hojas de vida.

Además, se encontraron cheques girados por USD 3,5 millones y municiones calibre 9 milímetros.

Desde temprano, las autoridades dijeron que todos los sospechosos serán trasladados a Guayaquil, para las diligencias. A las 12:00, el jefe policial de la Zona 8, que cubre al Puerto Principal, Ramiro Ortega; y la Fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez, dieron más detalles.

La funcionaria judicial adelantó que se presentarán cargos por asociación ilícita. Este delito, que se configura cuando dos o más personas se asocian con el fin de cometer ilegalidades, es castigado con cárcel de tres a cinco años (art. 370 del Código Integral Penal).

Los apresados llegaron poco a poco a la Unidad de Vigilancia Portete. Uno de ellos fue Tuárez. Mientras subía a las oficinas judiciales dijo ser inocente y que su detención es una “persecución política”.

La defensa asegura que su cliente “nunca ha tramitado cargos ni pedido dinero”.

La DAC, de su parte, emitió un pronunciamiento a través de su cuenta de Twitter, y dijo que rechaza todo tipo de actos de corrupción y que brindará las facilidades para que las autoridades realicen las investigaciones que correspondan.

Entre los apresados aparece un alto funcionario del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En julio pasado, el consejero de minoría Luis Verdesoto dio a conocer que el empleado arrestado ayer (28 de noviembre) registraba 34 procesos judiciales en su contra por supuesta estafa y falsificación de documentos públicos, entre otros tipos penales.

En la lista oficial de apresados también constan personas cercanas a quienes manejaron la administración de justicia en el anterior Gobierno y un exprefecto de Sucumbíos.

Las autoridades dijeron que seguirán con las indagaciones, para recopilar más datos.

Estaba previsto que la noche de ayer (28 de noviembre) los detenidos fuesen sometidos a la audiencia de imputación de cargos, pues ellos se habrían asociado para ejecutar tráfico de influencias.

En esta diligencia serán expuestos todos los elementos recopilados. La idea de la Fiscalía es que los jueces acepten su acusación y se dicte una orden de prisión preventiva.

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