25 de noviembre de 2019 13:39

Carlos Ochoa recibió tarjeta de visitante por razones humanitarias del Gobierno de México

La Justicia ecuatoriana ordenó prisión preventiva, con fines de investigación, contra Carlos Ochoa (c) por presunta falsificación y uso irregular de documento. Foto: Archivo / EL COMERCIO

La Justicia ecuatoriana ordenó prisión preventiva, con fines de investigación, contra Carlos Ochoa (c) por presunta falsificación y uso irregular de documento. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Andrés García

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El extitular de la desaparecida Superintendencia de Comunicación (Supercom), Carlos Ochoa, recibió una tarjeta de visitante, por razones humanitarias, de parte del Gobierno de México. El funcionario es acusado de falsificación ideológica y desde febrero pasado permanecía bajo el estatus de asilado político en Bolivia.

A raíz de la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, no se ha confirmado si Ochoa abandonó el país latinoamericano. La tarjeta de visitante emitida por el Gobierno de Andrés Manual López Obrador acredita su situación migratoria regular en México y le permite entradas y salidas múltiples a esa nación. El documento fue emitido el 5 de agosto pasado y tiene vigencia hasta el 2020.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador no ha confirmado si recibió alguna comunicación de la Cancillería de México sobre la solicitud de refugio de Ochoa.

México otorga la tarjeta de visitante por razones humanitarias para regularizar la situación migratoria de los extranjeros. El documento permite a los ciudadanos acceder a servicios públicos, empleo, salud y educación. Según la cadena Televisa, entre enero y septiembre del 2019 México otorgó 32 651 tarjetas de este tipo, en su mayoría, a ciudadanos de centroamérica.

En marzo pasado el juez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, llamó a juicio a Ochoa por ser el presunto autor del delito de falsificación ideológica. La Fiscalía argumentó que el exfuncionario del régimen de Rafael Correa habría cometido la falsificación en una parte de la Ley de Comunicación (LOC) y con esa adulteración, presuntamente sancionó a ocho medios de comunicación. Sin embargo, la etapa de juzgamiento quedó interrumpida, pues este tipo penal no puede ser juzgado en ausencia.

La exasambleísta de la Revolución Ciudadana, Sofía Espín, también tenía asilo político en Bolivia, pero no se ha confirmado si solicitó protección de México. La exlegisladora esperaba una fecha para su audiencia preparatoria de juicio por la presunta oferta de tráfico de influencias a la exagente Diana Falcón, procesada en el caso del secuestro del activista político Fernando Balda.

Por ahora, México otorgó asilo político al excanciller de la República, Ricardo Patiño. También mantiene bajo protección a los legisladores de la Revolución Ciudadana Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, Carlos Viteri y Luis Molina. En el caso de Buendía y Viteri, también se otorgó protección a sus cónyuges.

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