Las cárceles ecuatorianas operan con tecnología obsoleta

Los militares realizan la revisión de vehículos manualmente en la cárcel regional.

Los militares realizan la revisión de vehículos manualmente en la cárcel regional.

Los militares realizan la revisión de vehículos manualmente en la cárcel regional. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

Los militares usan espejos para revisar debajo de los vehículos. La inspección de las cargas o de personas, en cambio, se realiza manualmente bajo una carpa. Lo más moderno que hay en el primer filtro de seguridad de la Cárcel Regional de Guayaquil es un arco detector de metales. En otro puesto, un grupo de policías apunta a mano los nombres y apellidos del personal que ingresa.

El general (SP) Edmundo Moncayo, director del Sistema Penitenciario, dijo que casi todo lo que hay está dañado o no existen equipos tecnológicos.
En el hecho violento del pasado martes 11 de junio de 2019, que terminó con el asesinato de ‘El Cubano’, los presos destruyeron cinco cámaras de videovigilancia y destrozaron las paredes.

En cambio, tras la fuga de tres internos de la Penitenciaría del Litoral, adjunta a la Cárcel Regional, se conoció que las cámaras no servían. Fue en el sistema del ECU 911 donde quedaron grabadas las siluetas de los reos, la madrugada del 27 de mayo, cuando escaparon por la pared posterior.

Este 16 de mayo se cumple un mes del decreto de excepción del sistema carcelario y tras el Gabinete de Seguridad, el presidente Lenín Moreno anunció ayer tres medidas, para frenar los hechos delictivos.

Una de estas es la adquisición de equipos tecnológicos que permitan controlar las cárceles. El Presidente informó que se actualizará el sistema “con equipos de punta”. Mencionó escáneres y cámaras que permitan tener información para prevenir actos violentos.

Solo en Guayaquil, en lo que va del 2019 se han registrado 11 asesinatos en los dos centros.

Las muertes se las atribuye a los enfrentamientos entre bandas que se disputan el control de las cárceles para la venta de drogas, cigarrillos y armas de fuego. Pero la ola de violencia también se ha instalado en cárceles de Cotopaxi, Quevedo, Santo Domingo de los Tsáchilas y Turi, en Cuenca.

El presidente Lenín Moreno se reunió ayer con el Gabinete de Seguridad, en Guayaquil. Foto: Cortesía Secom

Ayer además se anunció la reclasificación de las personas privadas de la libertad, según su peligrosidad, comportamiento y sentencias recibidas.
Moncayo dijo que en el marco de estado de excepción los presos permanecerán en pabellones con máxima seguridad.

Pero esa disposición ya está en marcha desde el mes pasado. El 31 de mayo se realizó el traslado de 83 privados de libertad de la Penitenciaría del Litoral a pabellones de máxima seguridad de Cotopaxi, la regional de Guayaquil y Turi.
Esto ocurrió luego de que seis presos de la ‘Peni’ fueran asesinados (uno murió incinerado). Esos crímenes supuestamente fueron ordenados por ‘El Cubano’, quien fue atacado a balazos y machetazos 12 días después. El abogado Patricio Vásquez señala que su cliente no fue responsable de las muertes en la Penitenciaría.

Añadió que las autoridades penitenciarias son, en parte, responsables de que hayan matado al cabecilla. Dijo que no cumplieron con la orden del Juez de la Unidad Penal del traslado del pabellón de máxima especial a uno de mínima.

“Sufría de insuficiencia renal” y además había recibido amenazas desde el 31 de mayo, cuando fue removido de Transitorio a la máxima especial, en la Cárcel Regional 8.

El 7 de junio, el juez Roberto Calderón dispuso que ‘El Cubano’ sea trasladado del pabellón de máxima seguridad a Atención Prioritaria. La ministra del Interior, María Paula Romo, cuestionó la decisión judicial, porque el reo debía estar en Transitoria Especial: era considerado de alta peligrosidad.

El Presidente anunció ayer que esa Cartera pedirá al Consejo de la Judicatura que los jueces “sean un apoyo” y “no un obstáculo” en las medidas del sistema de rehabilitación.

A raíz del 27 de mayo, con la emisión del Decreto Ejecutivo 754, que estableció los parámetros del estado de excepción, los grupos especiales de la Policía ingresaron a las cárceles.

Una de las órdenes era vigilar a los cabecillas de las bandas . En el caso de ‘El Cubano’, la Unidad de Inteligencia Penitenciaria informó que debía estar en transitoria especial.

Vásconez es parte de la Asociación Nacional Nelson Mandela de exdetenidos que representa a más de 5 000 personas que están con régimen semiabierto y abierto, como establece el COIP. Él aseguró que hace un mes este gremio propuso a las autoridades una reclasificación de reos “por afinidad”.

La idea era separarlos por grupos similares y no mezclarlos. Además, se solicitó que se respetara el sistema de progresividad y si un reo no cumplía el plan individual de prelibertad se aplicara la regresión.

Eso ocurrió con ‘El Cubano’. En el 2008 fue sentenciado a 25 años por el asesinato de la exdirectora de la Penitenciaría Soledad Rodríguez. En junio del 2018 obtuvo la prelibertad.

Pero volvió a la cárcel a finales de diciembre, porque incumplió la disposición judicial de presentarse en dos ocasiones a la Casa de Confianza de Latacunga. En diciembre pasado fue trasladado a Guayaquil.

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