20 de mayo de 2019 00:00

Cárceles: el sistema de salud tiene problemas

En la cárcel del Guayas hay adultos mayores que no reciben tratamientos adecuados. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

En la cárcel del Guayas hay adultos mayores que no reciben tratamientos adecuados. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

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Sara Ortiz
Redactora (I)

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Al tercer piso de la cárcel de Cotopaxi se lo llama el “pabellón de los intocables”. Los reclusos de las otras áreas evitan cualquier contacto con las personas que viven allí: afectados de tuberculosis y pacientes con VIH-sida.

“No es un espacio adecuado, simplemente se los ubicó en ese piso”, cuenta Diego Gómez, quien hasta febrero fue director de este centro regional. Aislados en ese piso, los pacientes pasan el día dentro de las celdas.

No salen a los patios y tampoco obtienen tratamientos o dietas alimenticias adecuadas. Deben esperar meses para obtener citas médicas en los hospitales.

Los guías cuentan que desde los pasillos escuchan los carraspeos, estornudos y las respiraciones entrecortadas. Ellos tampoco se acercan al pabellón. “Los problemas son el hacinamiento y la falta de personal”, indica Gómez.

En la prisión de Cotopaxi hay cinco trabajadores sociales que dividen su tiempo entre programar las consultas médicas para los 5 600 internos y elaborar informes sobre los privados de libertad que ingresan, salen o tramitan la prelibertad.

A Manolo le aterra morir tras las rejas. Tiene 62 años y un cáncer terminal. Sus allegados dicen que le quedan tres meses de vida. Ya no puede caminar y ahora se alimenta a través de una sonda gástrica. “Pedimos un indulto, porque en la cárcel no lo cuidan como él necesita”.

Gómez recuerda que el año pasado, uno de los internos a su cargo murió en su celda, sentado, sin recibir cuidados paliativos para atenuar los dolores del cáncer que padecía.

El Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad reconoce que las cárceles están en emergencia.

Hoy, su titular, Ernesto Pazmiño, tiene previsto explicar su plan para mejorar la calidad de vida de los presos, reducir la violencia y el hacinamiento y lograr la rehabilitación. Uno de los ejes de trabajo es justamente la salud de los internos.

En el centro regional del Guayas, la situación de los enfermos es igual de apremiante. En ese complejo penitenciario viven 17 000 presos y no existe un centro médico de primer nivel. Allí se han detectado casos de tuberculosis, VIH, cáncer, insuficiencias renales, enfermedades de la piel como hongos y problemas gástricos por la comida y por la mala calidad del agua que ingieren.

“De acuerdo con los estándares internacionales, un lugar en donde hay 17 000 personas debe tener un centro médico de primer nivel, incluso con cirugías de baja complejidad, pero no hay”, señala Pazmiño.

La Defensoría del Pueblo, en su último informe, enumera más problemas: hay pocos turnos para controles médicos, faltan medicamentos, especialistas y psicólogos; y no existen terapias eficaces para dejar las drogas y tratar la depresión. Este trastorno mental es recurrente en la población penitenciaria, sobre todo en las personas que son encarceladas por primera vez.

Según Cecilia Portilla, médica psiquiatra del Hospital Julio Endara, los internos desarrollan depresión como una reacción frente a su nueva situación. “Otros tienen episodios depresivos o cuadros asociados a una depresión psicótica (con ideas delirantes)”. La enfermedad también se presenta debido al abandono de la familia. Uno de los síntomas de esta condición son pensamientos repetitivos de suicidio.

En 32 casos, los detenidos lograron consumarlo. Los hechos ocurrieron entre enero del 2017 y mayo de este 2019.

Los familiares de Jairo Israel no pueden superar el suicidio del joven de 19 años. En marzo pasado se amarró una tela al cuello y se colgó de una litera del Centro de Rehabilitación de Cotopaxi.

Sus padres dicen que este suceso pudo evitarse si se le administraba tratamiento para su esquizofrenia, ansiedad y depresión crónica.

Francisco Onofa es el abogado de la familia. En su despacho conserva los archivos del caso. Uno de los documentos está subrayado. Es la última valoración médica que recibió Jairo, en enero pasado. Para entonces, el médico advertía que el joven se había intentado matar tres veces, pero sus compañeros de celda lo evitaron.

“Él estaba en tratamiento desde sus 15 años. Tenía que tomar medicamentos siempre. En la cárcel tardaron más de un año para que un psiquiatra lo evaluara”, sostiene Onofa.

El abogado recuerda que la familia del joven compró las medicinas y solicitó un permiso especial para que las recibiera. No saben si las tomaba.

Tras este suicidio se aumentó el número de psicólogos. De 46 profesionales que había en el 2018 subió a 76 terapeutas para los 40 096 presos. Sin embargo, en el centro penitenciario no cuentan con psiquiatras.

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