18 de mayo de 2019 00:00

Cárceles: requisiciones se harán ‘en casos de extrema necesidad’

El miércoles, militares de la Brigada Patria realizaron control de armas en las afueras de la cárcel de Cotopaxi.

El miércoles, militares de la Brigada Patria realizaron control de armas en las afueras de la cárcel de Cotopaxi. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad
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La Dirección de Rehabilitación dice que una de las prioridades del estado de excepción, decretado la noche del jueves 16 de mayo de 2019, es frenar los niveles de violencia en las cárceles.

Precisamente por eso, en el documento de tres páginas, el presidente Lenín Moreno dispuso que las Fuerzas Armadas, la Policía y al Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores “coordinen esfuerzos” para mantener el orden.

De hecho, desde el martes de esta semana, soldados comenzaron sus tareas en las afueras de los centros carcelarios.

La Policía, en cambio, tendrá la potestad de entrar a las celdas a realizar las requisas.

En el decreto de excepción se aclara que las intervenciones “se harán en casos de extrema necesidad y en cumplimento del ordenamiento jurídico aplicable a esta situación”.

El director de Rehabilitación, Ernesto Pazmiño, advierte que la presencia policial permitirá incluso desarticular a los grupos delictivos que operan internamente.

En marzo pasado, en la Penitenciaría del Litoral se incautó un fusil M16_A2, una subametralladora, una pistola y revólver con sus municiones.

Los controles en ese centro penitenciario son débiles.

Existen tres filtros de seguridad, pero todos son manuales, pues no hay escáneres para detectar con exactitud los objetos metálicos ni rayos X para verificar más objetos prohibidos, como droga o dinero.

Solo en las cárceles regionales de Cotopaxi, El Turi y Guayaquil operan dos escáneres corporales en cada una.

En El Rodeo, en Manabí, hay otro equipo similar.

El año pasado, en las oficinas fiscales del país se reportaron 1 917 denuncias por ingresar artículos prohibidos a las cárceles. Solo en enero de este año suman 146 quejas judiciales.

El artículo 275 del Código Penal dice que los responsables serán procesados.

La norma señala: “La persona que ingrese, por sí misma o a través de terceros, a los centros de privación de libertad, bebidas alcohólicas, sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización, armas, teléfonos celulares o equipos de comunicación; bienes u objetos prohibidos adheridos al cuerpo o a sus prendas de vestir, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.

La misma pena se aplica en el caso de que esos objetos se encuentren en el interior de los centros de rehabilitación social o en posesión de la persona privada de libertad.

Hace ocho días, durante una requisa nacional, los policías hallaron 118 celulares, 377 accesorios de teléfonos, 112 chips, 524 armas (cuchillos, pistolas y revólveres), 1 757 gramos de droga, 921 litros de licor.

Además se encontraron 13 electrodomésticos y 671 cigarrillos. Según Pazmiño, actualmente, en el sistema de rehabilitación está prohibido el uso del tabaco y que eso ha generado la aparición de grupos que venden cada cajetilla entre USD 40 y USD 50.

Asegura que no está de acuerdo con que se prohíba este producto al interior de los centros penitenciarios. “El cigarrillo es prohibido y no entiendo por qué está en el reglamento eso. Desde que llegué dije esto hay que cambiar”.

Recuerda su experiencia cuando dirigió el desaparecido penal García Moreno de Quito y la alternativa que dio a los fumadores. “Tuve una experiencia muy buena: creamos un lugar que se llamaba el patio de humo. Quienes querían fumar cigarrillo lo hacían”.

Un informe de la Defensoría del Pueblo muestra que en el sistema también se ha detectado denuncias de extorsión de los agentes penitenciarios o entre los detenidos.

Además, indica que hay una limitada o inexistente acceso a defensor público, personal de seguridad insuficiente, etc.

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