El pasado jueves 23 de mayo de 2019, en la Cárcel Regional del Guayas, un grupo de policías permanecía en el primer filtro de ingreso al centro. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO
En el pabellón ocho de la Penitenciaría del Litoral se encontraron paredes y pisos con orificios. En los pequeños agujeros se descubrieron pipas para fumar, navajas, encendedores, dosis de cocaína, heroína y marihuana. Además, aparecieron tarjetas SIM para celulares y objetos puntiagudos que los presos usan como armas.
Ese material fue decomisado en una requisa que la madrugada del pasado jueves 23 de mayo de 2019 ejecutó la Policía. La operación se realizó como parte del estado de excepción al sistema penitenciario, declarado por el presidente Lenín Moreno, el 16 de mayo.
En este control, los uniformados también inspeccionaron las alcantarillas. En una de estas descubrieron USD 3 050.
En el fajo de dinero había billetes de USD 100.
Tras la declaratoria, lo primero que quiere la Dirección de Rehabilitación Social es “pacificar” las cárceles. En esa estrategia se incluyen operaciones policiales y militares.
Pero los soldados han permanecido en los exteriores de las penitenciarías.
El pasado jueves, la ministra del Interior, María Paula Romo, insistió en la necesidad de que las Fuerzas Armadas se encarguen de la seguridad en el primer filtro. Es decir, en la entrada a los centros de rehabilitación social.
Sobre esta iniciativa, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, ya se pronunció y dijo que el personal no asumirá ese encargo y que seguirán en las calles aledañas a los centros.
Romo aseguró haber mantenido conversaciones con Jarrín y que se le hizo conocer la estrategia. Aclaró que esta no incluye que los militares tengan contacto con los reclusos. “No se pretende que las Fuerzas Armadas se ocupen de la seguridad interna. El tema de privados de libertad no, pero el tema de un primer filtro sí”.
Actualmente, la Policía asigna entre 1 500 y 2 000 uniformados para que se encarguen del control en las puertas de ingreso a las cárceles del país.
La intención es que durante el estado de excepción este grupo pase al interior y refuerce la vigilancia en los pabellones de máxima y mediana seguridad. Hasta que se definan los roles de militares y policías, las requisas en las penitenciarías continuarán, aunque la declaratoria dice que esas actividades se realizarán solo cuando exista “extrema necesidad”.
La noche del miércoles, los policías también revisaron paredes, alcantarillas, camas, pisos y los techos de la cárcel que opera en Quevedo.
Los informados encontraron 820 gramos de marihuana y 37 gr de cocaína. Además, se incautaron de una balanza digital, 18 armas blancas, cuatro celulares y 50 cigarrillos.
Otros objetos retirados fueron clavos, varillas metálicas, cortaúñas, tijeras, destornilladores y cables eléctricos.
Para los familiares de los detenidos, el mayor temor son las bandas delictivas que operan en el interior y la corrupción.
“Nosotros no metemos los celulares o la droga. Todos saben que con USD 300 se compra un teléfono para un familiar”, comenta Eliana.
Las quejas de los allegados también son por el trato que reciben en el momento de ingresar a las visitas. “Nos hacen hacer sapitos semidesnudas”, critica María Isabel. La mujer, de 42 años, tiene a su cónyuge detenido desde marzo, por adeudar pensiones alimenticias. “Si los militares se hacen cargo del control en el ingreso, no hay problema. Pero que no nos humillen en las requisas”.
La Dirección de Rehabilitación Social espera adquirir más tecnología para detección de objetos prohibidos, como escáneres modernos.
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