La posibilidad de construir una nueva cárcel en la salida sur de Quito ha generado una nueva polémica e incluso críticas de los pobladores del sector, pero permite analizar el problema estructural de la creciente inseguridad, en medio de la falta de aplicación oportuna de las políticas que fueran ampliamente promocionadas hace más de dos años y que oficialmente se ha reconocido su retraso. Ese es el caso de los últimos asesinatos en Guayaquil, que han generado la ira ciudadana.
La rehabilitación social tiene su desafío, evitar que sigan siendo escuelas del delito y la solución no está en crear nuevos centros de detención, sino en mejorar y en ciertos casos reubicar algunos de los existentes, localizados en sectores urbanos. Más aún cuando ha sido loable la reducción de la población carcelaria y también el anuncio oficial de la casi eliminación de los presos sin sentencia.
Sin embargo, la inseguridad crece y a diario se observan los ataques de la delincuencia, lo que torna al problema en un círculo vicioso. Salen de las cárceles para volver a delinquir. Una de las críticas que se mantiene es el fracaso de las políticas de seguridad y de la justicia penal. El problema no se soluciona solo con la entrega de nuevos recursos materiales y humanos, que evidentemente necesita la Policía Nacional, sino la aplicación oportuna de medidas, y la impunidad en la administración de justicia, que sigue en mora con la sociedad.
El tema sigue siendo estructural. Se crean necesidades logísticas sin que exista una política pública y un plan integral. Es hora de enfrentar en su conjunto el problema de la inseguridad, no solo pensando en la creación de nuevas cárceles y otros organismos, sino en el resguardo oportuno de las personas porque esta situación no puede seguir así.