Juan Pablo Pozo insistió en que toda la publicidad estatal debe ser autorizada por el CNE. Foto: EL COMERCIO
Según el corte del Consejo Nacional Electoral (CNE), hasta la mañana de este 4 de enero del 2017 los candidatos para las elecciones generales han reservado publicidad en radio, prensa, televisión y vallas por USD 11 495 000.
El fondo de promoción electoral total, destinado para la campaña, es de USD 24 058 693. Esta suma contempla a todas las listas de candidatos, de acuerdo a la circunscripción a la que corresponden. Por ejemplo, para cada binomio el límite es de USD 576 751.
Este monto no es entregado a las organizaciones políticas. Es la misma autoridad electoral la que habilita el sistema de pautaje, a través del cual, los responsables del manejo económico de cada lista pueden ordenar la transmisión de sus spots de campaña en los distintos medios de comunicación.
Juan Pablo Pozo, titular del CNE, recordó hoy, 4 de enero de 2017, que establecieron además un sistema de monitoreo de campaña, para vigilar el gasto electoral de cada lista y comprobar al final del proceso si es que alguien superó los límites establecidos por la ley.
Todos los gastos son cuantificados por el Consejo, a través de su centro de monitoreo y de la empresa que contrataron para vigilar la campaña anticipada. Los tesoreros de cada organización política tienen 90 días después de las votaciones para presentar sus cuentas de campaña. Y con esta información el CNE abre un expediente para revisar si se cumplió o no con la normativa.
En caso de que algún candidato o lista haya superado la suma permitida, la multa establecida en el Código de la Democracia equivale al doble del monto excedido.
Pozo insistió en que toda la publicidad estatal debe ser autorizada por el CNE, para evitar que se haga promoción indirecta de algún candidato. Y que los postulantes tienen prohibido participar en la inauguración de obras que no sean de su exclusiva competencia, incluso bajo invitación de las autoridades locales o del mismo Presidente de la República.
“Si el Presidente inaugura una obra y ahí hay candidatos, y no es de su competencia, eso sería una infracción, quien lo cataloga y determina la sanción es el Tribunal Contencioso Electoral (TCE)”, explicó Pozo.
Para la consulta popular sobre los paraísos fiscales, todos los actores políticos deberán hacer campaña a través de su organización social o política calificada, indicó el titular del CNE.
Y sobre la contra campaña, por ejemplo, en caso de que alguna autoridad hable en contra de algún candidato, Pozo indicó que no puede pronunciarse sobre casos que desconoce y aclaró que los actores políticos que se sientan afectados deberán presentar su denuncia puntual.