Villavicencio será candidato por el Movimiento CREO de Guillermo Lasso, en la Asamblea Nacional. En la foto, Fernando Villavicencio exdirigente sindical. Foto: Archivo / EL COMERCIO
El activista y exasesor legislativo, Fernando Villavicencio recibió una providencia judicial indicando su insolvencia. Esto por no cancelar en su totalidad los USD 141 000 que un juez determinó cómo indemnización para el presidente Rafael Correa por injurias.
Villavicencio indicó a este Diario que si bien no se ha logrado pagar esa cantidad, varios ciudadanos han colaborado con él y se han hecho aportes a la cuenta determinada para cancelar la deuda.
Pero, la noche del martes 18 de octubre, el activista recibió una providencia en el que se declara su insolvencia, interdicción y embargo de bienes. Esto luego de que un juez ha solicitado una certificación a la Corte para conocer si ha pagado la cantidad dispuesta o si ha dimitido bienes por esa cantidad.
Para Villavicencio este fallo no es legal. Ya que establece que “por lógica matemática se debe pagar de inmediato USD 47 000”. Lo cual -dice- debió hacerse a través del estudio de un perito. Sin embargo, anunció que cancelará esa cantidad.
Además, anota que se desconocieron las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó. Hace dos años, este organismo regional pidió al Estado que “suspenda inmediatamente los efectos de la decisión emitida por la Corte Nacional, hasta que la CIDH se haya pronunciado sobre la petición individual”.
Él cree que detrás de esta acción está el oficialismo y tiene un fin electoral. Puesto que esto se da dos días después de que Guillermo Lasso, candidato presidencial por Creo, anunciara que Villavicencio será candidato a la Asamblea Nacional por ese Movimiento.
Pero, él solicitó hoy, miércoles 19 de octubre del 2016, al Consejo Nacional Electoral (CNE) una certificación para saber si ha perdido sus derechos políticos ante la declaración insolvencia. El organismo indicó que el sí podrá ser candidato.
Hay una base legal según el abogado Rafael Oyarte. En el artículo 64 de la Constitución del Ecuador se establece que se perderán los derechos políticos siempre y cuando haya de por medio una declaración de insolvencia fraudulenta, es decir, que la persona haya traspasado u ocultado bienes para evidenciar falta de recursos. Lo que no es el caso de Villavicencio.