29 de noviembre de 2019 13:11

Canciller José Valencia dice que el pronunciamiento de ONU sobre el paro recoge integralidad 

El Canciller de Ecuador, José Valencia , enfatizó que el diálogo debe ser primordial para cualquier divergencia. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

El Canciller de Ecuador, José Valencia , enfatizó que el diálogo debe ser primordial para cualquier divergencia. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

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Daniel Romero

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El canciller José Valencia, se refirió este viernes 29 de noviembre del 2019, al comunicado de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, sobre los hechos acontecidos durante las manifestaciones del 3 al 13 de octubre.

Para el funcionario, el comunicado es "un primer párrafo que mira en su integralidad lo que ocurrió durante los primeros días de octubre".

Valencia señaló que la principal conclusión a destacar es "la necesidad de que el diálogo en nuestro país se desarrolle con todos los sectores sociales y que de esa manera se resuelva toda divergencia mediante métodos pacíficos".

El Canciller insistió en que tanto el Gobierno como los órganos de control realizan investigaciones para determinar y sancionar los supuestos casos de abuso de la fuerza durante la represión de las protestas, así como de la determinación de responsabilidades para quienes destruyeron propiedad pública y privada; así como de las agresiones a miembros de la fuerza pública.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizó el pronunciamiento este viernes 29 de noviembre.

Mediante un comunicado de esa organización internacional de Derechos Humanos, Bachelet mencionó que, con base en la información receptada durante la visita de los delegados de la ONU, durante los 11 días de disturbios sociales, al menos nueve personas murieron y 1 507 resultaron heridas, entre las que figuraban 435 miembros de las fuerzas de seguridad. El número de detenidos ascendió a 1 382. "Hay denuncias de que muchas de estas personas fueron detenidas arbitrariamente", dice el comunicado.

"Los disturbios de octubre tuvieron un alto costo humano", declaró la Alta Comisionada. “Las personas deberían poder expresar sus quejas sin temor a ser lesionadas o detenidas. Al mismo tiempo, es importante que los manifestantes no recurran a la violencia”, señaló Bachelet.

La Alta Comisionada instó "a todos los actores en Ecuador a que dialoguen para prevenir nuevos conflictos y construir una sociedad inclusiva, intercultural y pacífica".

El pronunciamiento también recalca que los comisionados recibieron información de víctimas y testigos que indican que "la actividad represiva de los agentes del orden no se ajustó a las normas y a los criterios internacionales, entre otros aspectos por el empleo innecesario y desproporcionado de la fuerza". Se añade que víctimas y testigos denunciaron el uso reiterado por parte de las fuerzas de seguridad de gases lacrimógenos y perdigones disparados a corta distancia contra los manifestantes. "El uso de gases lacrimógenos y perdigones causaron cientos de heridos y posiblemente algunas de las muertes", dice el comunicado.

Bachelet recalcó la necesidad de que se revisen los protocolos internos relativos al uso de la fuerza y "que las autoridades se aseguren de que dichos procedimientos se ajustan a las normas y los criterios internacionales".

También se hizo referencia a los ataques perpetrados por grupos de manifestantes a las instalaciones de este Diario y del canal de televisión Teleamazonas, el sábado 12 de noviembre, el día más álgido de las protestas. Sobre esto, Bachelet dijo que "grupos violentos incendiaron parte del edificio de Teleamazonas y atacaron con violencia al Diario El Comercio".

Sobre el trabajo de los medios de comunicación, se manifiesta que la señal de algunos medios de comunicación fue cortada, especialmente en El Arbolito, en Quito, el 10 de octubre, y una de sus sedes fue allanada por la Policía, "lo que apunta a un esfuerzo deliberado de restringir su capacidad de transmitir y recibir información, que es un elemento fundamental del derecho a la libertad de expresión y opinión".

La ONU cuenta con información de que individuos no identificados, ajenos a los organizadores de las protestas, incitaron a la violencia o realizaron actos violentos. "El equipo recibió información de que la Fiscalía ha iniciado investigaciones sobre estos casos", señala el comunicado.

Bachelet pidió a las autoridades que se abstengan de hacer declaraciones o cualquier otra acción que estigmatice a los pueblos indígenas y a los extranjeros, así como a los periodistas y opositores políticos, para evitar exponerlos a riesgos adicionales.

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