20 de junio de 2019 20:20

Un campamento de refugiados sin servicios, en la calle Whymper de Quito

Carpas y pertenencias de ciudadanos colombianos que huyeron de la violencia en su país. Ellos pernoctan en las afueras del edificio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en el norte de Quito. Foto: Eduardo Terán / EL COM

Carpas y pertenencias de ciudadanos que huyeron de su país ocupaban este 20 de junio del 2019 la acera en la calle Whymper, en el norte de Quito. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

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Diego Bravo

Desde hace más de un mes, cerca de 50 ciudadanos de Colombia viven en un campamento a la intemperie en la calle Whymper del barrio La Paz, en el norte de Quito.

Duermen sobre la acera, bajo carpas y plásticos, entre cobijas, juguetes, colchones, ollas, platos, baldes de plástico... Sin un baño ni servicios.

Uno de ellos es Ausberto G., quien se presenta como representante de la Fundación Internacional Colombianos en el Exterior (Ficoex). Este jueves, 20 de junio del 2019, por el Día Internacional del Refugiado, el hombre pide que sean trasladados a otras naciones, fuera de Latinoamérica, como parte de un proceso de amparo o asilo.

Ausberto argumenta que ellos son perseguidos, en Ecuador, por grupos armados de su país y que no cuentan con seguridades para vivir en la región.

Ellos esperan ser trasladados a otras naciones. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Los extranjeros piden ser trasladados a otros países. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Los vecinos de la calle Whymper piden la acción de las autoridades. Lamentan que desde hace más de un mes las personas del campamento realizan sus necesidades biológicas en los graderíos del pasaje Ernesto Noboa Caamaño

Al caminar por el lugar se percibe un hedor fuerte. Los moradores piden al Municipio de Quito que se instalen baterías sanitarias. La conserje de uno de los edificios de la zona refiere que los padres bañan a los niños con cubetas de agua, en la calle.

La administradora de tres edificios del sector relata que ha mantenido reuniones con los vecinos. “Al inicio nos daba mucha pena. Es un problema porque hacen ruido, a veces se ponen a gritar o cantar el himno de su país. Han sido pacíficos, pero la insalubridad empieza a preocupar”.

El campamento está instalado en los exteriores del edificio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en la Whymper.

Los moradores dicen que pedirán la salida de Acnur de la zona. “Si esto no tiene solución, se solicitará”.

El propietario de un restaurante aseguró que los moradores del barrio se enojaron con el organismo internacional. Espera que el problema se solucione lo más pronto posible para la tranquilidad del vecindario.

María Clara Martín, representante de Acnur en Ecuador, manifestó que las personas que duermen en la calle son refugiados y solicitantes de ese estatus que reciben protección en territorio ecuatoriano.

“Eso (el reasentamiento en otro país) no decide Acnur. Es un procedimiento que algunos países en el mundo aceptan para compartir la carga con casos que son muy específicos”, explica. Los criterios de aceptación, los cupos y la aceptación individual son decididos por las naciones que mantienen un programa con Ecuador: EE.UU., Nueva Zelanda y Canadá.

En Ecuador, por ejemplo, la aplicación del estatus de refugiado a favor de una persona es competencia exclusiva del Estado. Los extranjeros del campamento quieren protección internacional.

“Ellos dicen ahora que no piden reasentamiento, sino protección internacional en otro lugar, pero es lo mismo. Es el único mecanismo que tenemos en Ecuador”, dice María Clara Martín.

Los vecinos del lugar sienten incomodidad y piden que el edificio del Acnur sea reubicado. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Los vecinos del lugar sienten incomodidad y piden que el edificio del Acnur sea reubicado. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

El Municipio asegura que sigue de cerca lo que ocurre. En la Secretaría de Inclusión se informó que la situación de los refugiados colombianos se trata desde una comisión interinstitucional conformada por autoridades de los gobiernos locales, nacionales y organizaciones no gubernamentales. En ese sentido, “las instituciones nacionales lideran el tema”.

La Agencia Metropolitana de Control ha emitido exhortos a las personas que hacen mal uso del espacio público en la calle Whymper.

Los refugiados tratan de adaptarse a vivir en la calle. Se levantan por la mañana para desayunar junto a sus niños. Se sientan en la vereda y se sirven la comida ante la mirada de los vecinos y la gente que trabaja en el sector. Otros utilizan bancas o lo hacen al interior de sus carpas, mientras decenas de vehículos circulan por la zona. Cuentan que personas caritativas se han acercado a donarles alimentos o vituallas.

Aseguran que buscan baños públicos de gasolineras, restaurantes o centros comerciales para realizar sus necesidades. Lo mismo para bañarse.  

Se quejan porque han sido víctimas de la violencia en su país. Marina (nombre protegido), de 50 años, vivió en el sector de San Vicente del Cagúan (Caquetá), en el centro de Colombia, una de las zonas con mayor influencia de la guerrilla. Cuenta que su hija fue secuestrada y que no la ha vuelto a ver. 

Los refugiados tratan de adaptarse a vivir en la calle. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Los refugiados se adaptan a vivir en la calle. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Gualberto (nombre protegido), de 37 años, vive una situación similar. Vino a Quito hace más de un año desde el sector de Timbiquí, en Cauca. Allí tenía su negocio, pero relata que no alcanzó a pagar los cinco millones de pesos (USD 1 541) que agrupaciones delictivas le exigían cada semana para extorsionarlo. Se siente perseguido porque, el pasado 6 de junio desconocidos ingresaron a su casa ubicada en el centro de la ciudad y le quemaron sus pertenencias.

Asegura que lo persigue el Frente 29 de las FARC. “Hay gente que me hace fotos en los albergues en donde estuve. Pido a la Acnur que me lleve a otro país. Ellos tienen la potestad de ayudarme”.

Lorena (nombre protegido) vino a Ecuador desde Buenaventura hace 20 meses. Recuerda que uno de sus hermanos fue asesinado y otro salió a otro país porque corría el riesgo de sufrir un atentado. La guerrilla persiguió a su familia –acota la mujer- desde el 2005. Está convencida de que, en la actualidad, los integrantes de grupos delictivos la buscan en Quito. “Nos extorsionaban, a mi hermano le pedían la mitad de lo que tenía. El otro tenía un bus y lo mataron por negarse a pagar las vacunas (extorsión)”.

Según datos de Acnur, en Ecuador hay 67 581 refugiados. El 97% proviene de Colombia. 

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