14 de abril de 2020 13:24

Acuerdos para cambios laborales y de arriendo deberán ser aprobados primero por la Asamblea Nacional

Locales permanecen cerrados debido a la emergencia sanitaria por covid-19, vigente en el país. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Locales permanecen cerrados debido a la emergencia sanitaria por covid-19, vigente en el país. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil y Negocios (I)

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El nuevo proyecto de Ley económico urgente planteará la posibilidad de generar acuerdos en temas de empleo y en el pago de arriendos, en el contexto de la emergencia por la covid-19. Estos planteamientos dependen de la aprobación del Legislativo; es decir, aún no se pueden aplicar.

El Ejecutivo indicó que el proyecto se entregaría “en los próximos días”, pues aún se están puliendo detalles.

El pasado 10 de abril del 2020, el presidente Lenín Moreno además indicó que se propondrá a la Asamblea una reforma legal para que no se desaloje a inquilinos que no han pagado arriendos durante la emergencia y hasta 60 días después.

Esa reforma debería realizarse a la Ley de Inquilinato.

Actualmente, este cuerpo legal señala en el artículo 30 que una de las causales para terminar un contrato de arriendo es que el inquilino adeude dos cuotas de arriendo.

Susana Beltrán, abogada especialista en temas de inquilinato, explicó que mientras no se apruebe la reforma planteada, actualmente el arrendatario puede iniciar un juicio contra el inquilino para desalojarlo si no ha pagado dos cuotas.

Ella añade que existe la posibilidad de que las dos partes lleguen a un acuerdo de plazos o prórroga de pago, siempre que se realice una modificación al contrato de inquilinato, de común acuerdo. “Es importante que siempre quede todo por escrito, si acuerdan plazos o comodidades de pago con el dueño de casa”, menciona.

Actualmente, el artículo 23 de la Ley de Inquilinato dice que el arrendatario puede solicitar la rebaja de las mensualidades de arrendamiento cuando el lugar se halle en mal estado, por el uso natural o por causa de las cuales el arrendatario no sea responsable. Pero eso solo aplica para locales comerciales.

La reforma que se plantee a la Asamblea debería contener un artículo que estipule que, por fuerza mayor, debido a la emergencia sanitaria, el arrendatario no puede ser desalojado, añade Beltrán.

El sector empresarial está de acuerdo en que se realicen cambios en el Código de Trabajo, que permitan mantener los puestos de trabajo a través de acuerdos entre las partes, en un contexto de poca liquidez en las empresas.

Para Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), la propuesta laboral está en línea con la realidad de los sectores productivos del país, en especial a los más afectados como son el florícola y el turismo.

“La crisis obliga a reconfigurar cuestiones internas sobre todo laborales", dice.

Costa cree que es clave conseguir que la liquidez disponible, incluidos los créditos de los organismos multilaterales, rápidamente se dirijan a nutrir el tejido empresarial para salvar el mayor número de empleos.

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