26 de August de 2009 00:00

El cambio del Banco Central tomó 2 años

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 Redacción Negocios 
negocios@elcomercio.com

Tras 82 años de existencia, el Banco Central del Ecuador (BCE) dejó de cumplir la función de ‘tercero confiable’ en el manejo económico.

Luego de que, en 2000, perdiera la posibilidad de emitir moneda, su declive se profundizó al aprobarse  la nueva Constitución,  en la que se le quitó  la potestad de definir  la política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera.

El actual Gobierno está convencido de que en dolarización no es necesario un BCE   independiente, por lo que convirtió a este organismo en su oficina administrativa. En términos constitucionales,   es el que instrumentará las decisiones del Presidente.

Uno de los argumentos claves para debilitar a esta institución, por parte del Gobierno,  ha sido el salvataje bancario (1998-2000), en el que el Banco entregó más de USD 4 000 millones en créditos. 

Sin embargo, el  ex asambleísta  Pablo Lucio Paredes ha enfatizado en los riesgos que se corre  con esta decisión  gubernamental.
Entre ellos se pierden los contrapesos esenciales en materia de control de endeudamiento, finanzas públicas, tasas de interés, entre  otros temas.

A diferencia de otros países, el BCE ya no intervendrá en cualquier clase de desajuste en el manejo económico, tampoco se pronunciará en cuestiones de endeudamiento público. Una muestra de esto es la escalada deudas que está asumiendo el Gobierno, como la venta anticipada de crudo.

“Todo estará en manos del Gobierno y en lugar de limitarse los excesos estos se van a amplificar”, señaló Paredes.
Por ejemplo, explicó, será mucho más fácil obligar a los bancos a canalizar los recursos de los depositantes  hacia las actividades que el Gobierno quiera aumentando el riesgo. Un primer paso ya se dio con la repatriación del 45% de sus activos del exterior.
 
Otra acción es canalizar los recursos de la Reserva de Libre Disponibilidad hacia el país, pero con un alto riesgo, pues podrá invertir hasta el 100% de los recursos en las instituciones públicas. 

Con la reciente reforma a la Ley de Régimen Monetario, el Régimen también ha allanado cualquier intento de oposición.

El nuevo Directorio del BCE, conformado por mayoría estatal,  dependerá plenamente de la decisión gubernamental y, en consecuencia, no  contradirá  al Gobierno si está equivocado. 

¿Qué seguridad se tiene de que las cifras y estadísticas que procesa y publica el BCE son certeras? es la interrogante que se formulan los expertos financieros.




Regulación de costos

La administración de tasas lleva dos años

Uno de los principales desafíos   del Régimen desde su asunción al poder en 2007, fue  regular  las tasas de interés  a la baja  y, para lograrlo,   el  Banco Central se convirtió en su brazo ejecutor.

Un microcrédito, que en agosto de 2007 tenía una tasa superior   al 40%, hoy no supera el 33,90%. Esta significativa reducción, que se repite en  ocho segmentos de crédito,  no es compartida por los  banqueros por no tener  sustento  técnico.

Pese a los  acercamientos que se han realizado   entre ambos sectores,   la última palabra la da el presidente  Correa.
 
Carlos Vallejo, titular del Directorio del Banco, ha sido enfático al decir que se trata de una  decisión política. “Que los banqueros no me vengan con cuentos   de que el mercado fija la tasa”, dijo hace unos meses en Canal Uno.Sin embargo, esta política no tomó en cuenta que  quienes sufrirían las consecuencias serían los mismos clientes.
 
Según  cifras que maneja la banca privada, más de   200 000 personas dejaron de acceder al crédito, desde que arrancó la regulación.
 
La razón es simple: para las entidades financieras no es factible dar crédito con los costos que contempla la medida y, más aún, cuando en época de crisis económica el riesgo de prestar es mayor...


Control político

Los criterios   técnicos pierden objetividad

Con la aprobación de la  Carta Magna, el Banco Central no solo perdió su autonomía sino que pasó a ser el ejecutor de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera  de la  Presidencia.   
Incluso, a través de la reforma a la Ley de Régimen Monetario, se buscó que sus miembros estén completamente alineados al Gobierno de turno.
 
Pero para el Régimen esto es visto como una ventaja, pues, al manejar las estadísticas económicas,  el banco se convertirá en el consejero del Régimen. 

Sin embargo, el analista económico, Francisco Rocha, no  concuerda con esta posición. Él  cree que al estar alineado al Gobierno ya no habrá un organismo nacional que tenga una  visión más equilibrada acerca de la economía.  Un ejemplo reciente es que el BCE se abstuvo de dar un criterio contrario a la venta  anticipada de crudo a Petrochina.
 
Antes sí lo hacía. Según Rocha,  a finales del gobierno del ex  presidente Gustavo Noboa, el Directorio del Central, encabezado por Mauricio Yépez,  demostró técnicamente que este tipo de endeudamiento público no convenía al país.

“Ahora es  una sola visión y en virtud de eso ya no podrá  dar un criterio opuesto  a una decisión del Gobierno, pese a que tenga  base  técnica”.

 

Depósitos públicos

La reserva se canaliza a créditos productivos

La orientación de los excedentes de liquidez de la Reserva de Libre Disponibilidad hacia la inversión productiva del país es otra de las tareas que el Ejecutivo puso en manos del ex instituto emisor.
 
Bajo la lógica del Gobierno, no cabe que estas reservas,  que ascienden a USD 4 000 millones,  financien economías del primer mundo.
Acogiendo esta premisa, el Central estableció que, a través de la emisión de papeles, se invierta en el país, pero mayormente en entidades  públicas. 

Para Ramiro Crespo, de Analytica Securities, esta decisión  preocupa porque  va contra los principios fundamentales de diversificación, que dice que no hay que poner todos los huevos en una sola canasta.

“Si solo se invierte en el Ecuador puede ser peligroso y es probable un riesgo sistémico”. Esto lo dice porque si invierte mal no podrá pagar a los que compraron sus papeles. A esto se suma que  estas obligaciones no son redimibles antes de su vencimiento y no pueden hacerse  líquidas. 
 
Otro punto que preocupa es que al competir con el sector privado se corre el riesgo de que acaparen  las inversiones y las empresas no tengan cómo captar financiamiento. En un escenario negativo, las empresas pagarían más para financiarse. 


Sistema financiero

La liquidez de la banca debe invertirse aquí

Los ajustes al sistema financiero privado, desde el Central,  también se dieron  por el lado de las reservas mínimas de liquidez que hay en el país.

La resolución de la entidad establece que hasta el 31 próximo   deben tener en el Ecuador   el 45% de los  activos. Inicialmente, el Ministerio Coordinador de la Política Económica  estableció  que este porcentaje equivale a USD 1 203, 5 millones.
Ayer Carlos Vallejo dijo que a inicios del siguiente mes se tendrá la cifra exacta de cuánto es este 45%.

“Son 52 entidades de todo el sistema, pero  hasta ahora están cumpliendo”.
 
La gerenta del Banco, Karina Sáenz, señaló que más de USD 400 millones ya han sido traídos al país.  “Ha tenido un efecto  positivo y eso es justamente lo que se quería, que la banca privada dé prioridad a la inversión  en  el país”.

Producto de esta medida, añadió, que en los últimos meses mejoró la entrega del créditos.
Pero las autoridades del Central fueron  más allá de la repatriación de recursos, establecieron  que el  1% de los depósitos del sistema se invierta en  papeles de las instituciones públicas.

Esto significa que unos USD 120 millones están engrosando las cuentas del mismo Banco Central y de la Corporación Financiera Nacional (CFN).

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