Cámaras empresariales rechazan dictamen que viabiliza consulta popular antiminera en Cuenca

El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios entrega un pedido de consulta en la Corte Constitucional, el pasado 8 de septiembre de 2020. Foto: Archivo EL COMERCIO

El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios entrega un pedido de consulta en la Corte Constitucional, el pasado 8 de septiembre de 2020. Foto: Archivo EL COMERCIO

El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios entrega un pedido de consulta en la Corte Constitucional, el pasado 8 de septiembre de 2020. Foto: Archivo EL COMERCIO

Las Cámaras empresariales de Ecuador cuestionan el dictamen favorable de la Corte Constitucional (CC) que allana el camino para realizar una consulta popular en Cuenca, sobre la prohibición de actividades mineras a gran y mediana escala en cinco zonas de recarga hídrica de ese cantón.

María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador (CME), rechazó el fallo y dijo que se manipuló el tema para prohibir la minería “responsable” en esa zona. A través de una conferencia de prensa efectuada este martes 22 de septiembre del 2020, la representante señaló que el 80% del agua que abastece a Cuenca proviene de las cuencas hidrográficas de los ríos Tomebamba y Machángara, en donde no existen concesiones mineras.

El 20 % restante, agregó Silva, llega de las cuencas de los ríos Yanuncay y Tarqui, en donde existen dos y cuatro concesiones mineras, respectivamente. “Evidentemente se magnificó y manipuló el tema. La minería responsable debe ser regulada, pero no prohibida”, apuntó.

Andrés Ycaza, síndico de la CME, considera que existen imprecisiones en el fallo y criticó que no se hayan resuelto las solicitudes de recusación, antes de que los magistrados emitan el dictamen a favor de las cinco preguntas de la consulta impulsadas por el Concejo Cantonal de Cuenca, que lo lidera el alcalde, Pedro Palacios.

Sin embargo, aclaró que la consulta tendría efecto a futuro. Es decir, según el síndico, “no tiene carácter retroactivo y solo será aplicable a futuras concesiones mineras”.

Pablo Zambrano, titular de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, argumenta que el fallo genera inseguridad jurídica. “Pretender otorgar a un GAD una potestad de decisión sobre tema de carácter nacional es abiertamente inconstitucional”, apuntó.

Cree que este precedente desalienta la inversión extranjera y alienta a la minería ilegal. “Ecuador ha perdido 340 000 empleos producto de la pandemia, se dejó de vender más de USD 20 000 millones, el decrecimiento será del 10,8% en negativo, toda esta situación se ve empeorada por resoluciones inconstitucionales”.

Zambrano anticipó que las Cámaras no tienen previsto registrarse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para hacer campaña por el No en la consulta popular. “La respuesta a este tema tiene que surgir de análisis del directorio de las Cámaras. Consideramos que esta consulta nace viciada y ser parte de un proceso viciado haría que seamos cómplices”.

Caterina Acosta, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), dijo que no se puede permitir que la política incida en la economía. “No podemos tener ciudades ni provincias que se sientan repúblicas independientes”.

Diana Atamaint, presidenta del CNE, dijo que una vez que reciban la notificación oficial con el dictamen de la Corte Constitucional, avanzarán con el trámite de la consulta popular.

El organismo electoral analizará si se puede incluir una papeleta adicional en el cantón Cuenca, ya sea en la primera o segunda vuelta de las elecciones generales del 2021, previstas para el 7 de febrero y 11 de abril del próximo año, respectivamente. Atamaint explicó que se debe considerar que también se abre una etapa de campaña y que se deben establecer plazos legales.

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