18 de febrero de 2020 12:11

Cámaras se oponen a una eventual consulta antiminera en el Azuay

Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, señaló que la Corte Constitucional (CC) debe garantizar el derecho a la seguridad jurídica en este tema.

Patricio Alarcón (tercero de derecha a izquierda) señaló que la Corte Constitucional (CC) debe garantizar el derecho a la seguridad jurídica. Foto: Daniel Romero / EL COMERCIO

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Daniel Romero
Redactor (I)

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El Comité Empresarial Ecuatoriano, la Cámara de Comercio de Quito y la Cámara de Minería del Ecuador, entre otros sectores, se pronunciaron este martes 18 de febrero del 2020, en contra de la consulta popular antiminera que impulsa el prefecto de Azuay, Yaku Pérez.

Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, señaló que la Corte Constitucional (CC) debe garantizar el derecho a la seguridad jurídica en este tema. "No se pueden promover consultas populares que benefician a ciertos actores políticos. Se debe promover la inversión extranjera", dijo.

Pablo Zambrano, de la Federación de Cámaras del Ecuador, manifestó que se trata de impulsar la "minería responsable". Añadió que este tipo de actividad es "una oportunidad histórica que el país tiene que aprovechar".

Roberto Apsiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, informó que interpusieron un recurso de amicus curiae para presentar sus argumentos en contra de este tipo de consultas. Allí se argumenta que un territorio no puede decidir sobre los recursos naturales de un país.

El 7 de enero pasado, Yaku Pérez presentó un nuevo pedido de control constitucional en la CC respecto a dos preguntas dos preguntas. La primera tiene que ver con ampliar los sectores en donde se prohíba las actividades mineras como en fuentes de agua y zonas de carga y descarga.

La segunda plantea revertir las concesiones mineras previas a la eventual consulta popular que impulsa.

David Larenas, de la Cámara de Minería del Ecuador, señaló que, con base en los datos del Gobierno, el 15% de la Azuay está concesionada. Al dar paso a esa pregunta, según Larenas, esta consulta ocasionaría afectaciones a empleos directos y también provocaría demandas internacionales.

El 3 de febrero pasado, la CC avocó conocimiento de la causa presentada por Pérez. A partir de esa fecha, el máximo órgano de interpretación constitucional tiene 20 días hábiles para pronunciarse sobre el tema.

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