El Consejo de Administración Legislativa (CAL) sesiona en Guayaquil la tarde de este miércoles 25 de octubre del 2017. Para esta jornada se convocó a los titulares de la Fiscalía, Ministerio de Educación y del Consejo de la Judicatura para tratar las denuncias sobre abusos a menores de edad en establecimientos educativos.
Está previsto que la sesión empiece a las 14:45, en la Casa de la Cultura Núcleo Guayas, en el centro del Puerto Principal.
El CAL, junto a la Comisión ocasional Aampetra, recibirá a los representantes de las víctimas del presunto caso de violencia sexual en una unidad educativa de Guayaquil.
Luego se recibirá al ministro de Educación, Fander Falconí, para que informe las acciones preventivas y correctivas realizadas por la Cartera de Estado sobre los hechos ocurridos en el establecimiento educativo.
También acudirán el fiscal General, Carlos Baca Mancheno, y el presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh. Ellos deberán informar sobre las acciones adoptadas y que se están aplicando en torno a las denuncias presentadas.
Jaklh señaló que en la reunión que se convocó para este día dará a conocer estadísticas a detalle sobre los delitos de carácter sexual contra niños y adolescentes en el Ecuador. “Es una gran preocupación que tenemos como autoridades, hay que responder con toda la fuerza todos los delitos pero particularmente estos delitos execrables”.
Esta resolución del CAL surge luego de que se hiciera público que hay al menos 10 denuncias sobre agresiones sexuales a menores en una unidad educativa. Existen tres sospechosos detenidos, fue separada la rectora que actualmente es investigada, además existe un maestro prófugo.
Ante estos recientes casos, el Ministerio de Educación presentó ante la Asamblea el Proyecto de Ley Orgánica para la no caducidad de la acción sancionatoria administrativa respecto a delitos sexuales cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes.
El documento plantea acciones que permitan proteger y asegurar la integridad física y psicológica de los estudiantes en los establecimientos educativos públicos, fiscomisionales, municipales y privados del país, con acciones disciplinarias y sancionatorias en todos los casos de violencia o abuso sexual.
Esto le permitirá a la autoridad Educativa aplicar la sanción administrativa, sin perjuicio de las acciones penales que correspondan, conforme a la naturaleza del vínculo laboral de los presuntos responsables de la infracción y de quienes, estando obligados por negligencia, culpa o dolo, no impidan su realización.