28 de August de 2009 00:00

Caicedo, acusado de prevaricato

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Redacción Esmeraldas
judicial@elcomercio.com

Los archivos del juicio, conocido como   Huracán Verde,  pueden  cambiar el trámite del proceso penal en   contra de los   tres hermanos Ostaiza y del ex subsecretario  de Gobierno, Ignacio Chauvín.



Los plazos
El 15 de  septiembre  próximo se cumplirá un año del operativo Huracán de la Frontera,  realizado en varias provincias del país. 
En esa fecha  también  se cumple un año de la detención de siete sospechosos. Ellos podrán recuperar su libertad  si no reciben una sentencia.
Antes de la  resolución final, el juicio deberá pasar por la Corte Provincial de  Esmeraldas y por un tribunal penal.

En ese expediente, el actual juez Sexto de Garantías Penales de San Lorenzo, Segundo Caicedo, aparece como abogado de los acusados. Específicamente, su firma se encuentra en las versiones rendidas por  Ángel Riascos,    Jesús Enríquez,                                          Ramón Garzón,    Óscar Guerrero, Luis Bastidas,   Luis Loaiza y          William López.
 
El operativo antinarcóticos llamado  Huracán Verde fue el primer eslabón para detener a la red que supuestamente lideran Jefferson, Édison y Miguel Ostaiza. En octubre de 2007, los policías encontraron más de tres toneladas de droga escondidas en una hacienda en Esmeraldas.

Esa droga iba a ser llevada al exterior en un avión  privado, que  esperaba en el aeropuerto de la ciudad. Sin embargo, la acción policial frenó ese envío. En el operativo fueron detenidas 15 personas. Siete de  ellas fueron  defendidas por Segundo Caicedo.

Los siete recuperaron su libertad; pero esa acción fue catalogada como ilegal. La investigación determinó que hubo anomalías en su excarcelación; por eso el Consejo de la Judicatura destituyó a  Víctor Villamar, quien fue el juez que llevó ese caso. También se abrió un expediente administrativo contra el fiscal antinarcóticos de Esmeraldas, Lenin Pérez.
 
A pesar de la liberación, la Policía siguió su trabajo y la indagación acabó en el operativo Huracán de la Frontera de  septiembre de 2008. En esa acción nuevamente fueron, arrestados  Ángel Riascos y  Jesús Enríquez.
 
Ambos fueron acusados por la Fiscalía y la Policía Antidrogas con los cargos de tráfico y tenencia ilegal de estupefacientes. La semana pasada, Caicedo, como juez, aseguró que hay evidencias para que sus ex defendidos sean llamados a juicios por ese delito.
 
Esa acción es cuestionada por los abogados de los acusados en  el juicios  Huracán de la Frontera. Uno de ellos es  Raúl Llerena, quien defiende a  Chauvín.
 
Él cree que Caicedo tenía que excusarse de ser juez en ese caso; pues sus anteriores defendidos  aparecen como implicados.
 
El abogado sostiene que el juez cayó en el delito de prevaricato, por eso presentó un pedido para que todo el juicio sea anulado.
Esa decisión está en manos de Caicedo y, hasta ayer, no emitió una respuesta. Él fue nombrado  hace seis meses como juez de Garantías Penales en San Lorenzo, su llegada fue luego de participar en un concurso de oposición y de  merecimientos  organizado por el Consejo de la Judicatura.

 Ayer, el juez evitó hablar sobre la denuncia en su contra y sobre el trámite del juicio. La semana pasada, antes de que Llerena  presentara el pedido de nulidad,   aseguró que no recuerda muy bien
su actuación como abogado en el juicio Huracán Verde.
 
Según expuso a los medios de comunicación, él cumplió el rol de defensor de oficio y aseguró que eso no impide que tramite el juicio contra  Riascos y  Enríquez, porque son casos distintos.  
Extraoficialmente, se conoció que los  abogados de algunos  acusados se organizan para presentar  una demanda por supuesto prevaricato en contra del juez de San Lorenzo. También alistan una queja para  que el  Consejo Nacional de la  Judicatura analice su actuación y su llamamiento a juicio.

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