Una revisión manual, rápida, de entre cinco y 10 minutos, y sin equipos tecnológicos. Así se hace el control vehicular en el 94% del país. Los empleados municipales solo analizan de forma visual el estado de las luces, el labrado de las ruedas, la carrocería, los gases y posibles fugas de aceite.
El 6% de municipios (en el país hay 221) cuenta con un centro de revisión técnica, donde los chequeos mecánicos son rigurosos y con sistemas computarizados.
Estos están en Quito, Rumiñahui, Cuenca, Guayaquil, Milagro y la Mancomunidad Móvil Centro Guayas, que abarca ocho cantones.
En Quito, Guayaquil y Cuenca, las tres ciudades más pobladas del país, circula el 47,5% de los vehículos que hay en Ecuador (1,9 millones de unidades), según datos del INEC, al 2015.
En la Asociación de Municipalidades del Ecuador aseguran que actualmente los municipios no tienen los recursos suficientes para levantar centros técnicos. Allí calculan que un espacio con los equipos tecnológicos necesarios puede requerir una inversión de entre USD 800 000 y 1 millón.
Sin embargo, en el 2013, la planificación del Gobierno apuntaba a que en todo el país se habilitaran espacios de revisión con tecnología de punta.
El 20 de noviembre de ese año, a través de un Decreto Ejecutivo, el presidente Rafael Correa creó la denominada Empresa Pública de Revisión Técnica Vehicular, una entidad que se encargaría de construir, equipar y gestionar los centros de revisión del país.
Ocho días después, la ANT, a través de un comunicado, incluso aseguraba que esa empresa levantaría “22 centros fijos, dos plantas semimóviles mixtas (para vehículos livianos y pesados), seis plantas semimóviles para livianos y 13 plantas móviles para motos”.
Y además aclaraba que “esos 43 centros de revisión estarán distribuidos de manera estratégica logrando una cobertura total en todo el territorio”.
Han pasado tres años y cuatro meses de esos anuncios y solamente el 6% de municipios tiene espacios técnicos de inspección vehicular.
Hay una razón: el presidente Correa, mediante otro Decreto Ejecutivo firmado el 6 de marzo del 2015, eliminó la Empresa Pública de Revisión Técnica Vehicular, sin precisar ninguna explicación de esa medida.
Pero el jueves pasado, la Agencia Nacional de Tránsito dijo a este Diario que ahora es facultad de cada municipio o mancomunidad “autorizar, concesionar o implementar los centros de revisión técnica”.
La entidad citó el art. 2 de la Resolución 095, suscrita el 27 de octubre del 2016. Allí, la ANT da 12 meses para que los gobiernos autónomos (municipios) implementen y pongan en funcionamiento estos centros. Es decir, hasta octubre del 2017 todo el país debería ya contar con revisión técnica.
Pero ¿cuál es objetivo de levantar espacios de análisis técnico a escala nacional? Según la ANT, estos recintos “garantizan el servicio óptimo de las unidades vehiculares”, pues “existen normas técnicas ecuatorianas INEN que regulan los procesos de revisión”.
Es decir, esas normas certifican que las inspecciones sean rigurosas y que los vehículos que pasen el control estén en buenas condiciones.
Eso, en cambio, no se puede comprobar en el 94% de municipios. En Pichincha, por ejemplo, solo dos de los ocho cantones (Quito y Rumiñahui) cuentan con centros técnicos.
En Azuay, únicamente Cuenca cumple con la revisión técnica. En los otros 14 cantones el chequeo es manual, porque los municipios dicen que no disponen de recursos para la adquisición de los equipos.
En Gualaceo, el segundo cantón azuayo con más vehículos después de Cuenca, no disponen de esos espacios. Allí el análisis es manual. Los técnicos reconocen que con la evaluación visual no pueden verificar cómo está la suspensión, los frenos, gases, etc.
En esa ciudad cada día revisan al menos 90 vehículos de todo tipo y el 100% aprueba en el primer chequeo.
Según la gerente de la Empresa Pública de Movilidad de Gualaceo, Angélica Guerrero, ya empezaron a gestionar la concesión de este servicio y esperan que hasta octubre esté todo listo.
En Imbabura, en cambio, ningún cantón tiene aún centro técnico. Frente a esto, Óscar García, gerente de Transportes Unidos, que agrupa a 110 unidades del transporte público, señala que el buen funcionamiento de las unidades es responsabilidad de los propietarios y de los choferes.
El problema no solo está en la falta de centros de revisión técnica a escala nacional. En mayo del 2016 Correa firmó el Decreto Ejecutivo 975 y dispuso que el transporte público del país se someta a una sola revisión mecánica anual. Antes, debían pasar por estas inspecciones dos veces al año.
Las alertas se reactivaron sobre todo este mes, tras el accidente en Guayllabamba, en el que murieron 12 personas. La ANT incluso adelantó que una falla mecánica pudo desencadenar esos hechos. Sin embargo, la entidad aclaró que la disposición del Presidente se mantendrá y los buses pasarán por un chequeo anual.
En contexto
Según la ANT, las revisiones mecánicas anuales no son los únicos controles. También informó que realizan operativos en las 63 terminales del país. Sin embargo, allí solo se revisa que los choferes no tengan aliento a licor y que las llantas no estén lisas.