14 de enero de 2021 17:47

Los dueños de buses que no firmen acuerdos para mejorar el servicio no podrán incrementar el pasaje

Varias unidades de transporte no respetan el aforo permitido por las autoridades de Quito. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

La Secretaría de Movilidad será la encargada del monitoreo y evaluación de estos indicadores de calidad del transporte en Quito. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

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Daniel Romero

Hasta las 15:30 de este jueves 14 de enero del 2021 operadoras que representan a 1 300 buses de transporte público habían firmado el acuerdo legal para mejorar su servicio en el Distrito Metropolitano de Quito. Ese requisito se estipula en la Ordenanza del Sistema Integrado de Transporte Público, que entró en vigencia el 3 de diciembre de 2020, como paso previo al alza de pasajes.

Hoy se vence el plazo para que 69 cooperativas, que representan a 3 020 buses, firmen esas adendas. En ese documento se establecen indicadores de calidad y un compromiso para participar en el concurso con el que se asignarán rutas y frecuencias.

Sin embargo, no está previsto que todas las operadoras cumplan con el trámite. Según las estimaciones de Guillermo Abad, secretario de Movilidad, solo lo harán 2 000 buses de los 3 020 que prestan servicio en la capital. Quienes no firmen la adenda no están autorizados a elevar el pasaje y tampoco podrán presentarse al concurso de asignación de rutas y frecuencias.

Desde mañana corre un nuevo plazo de 30 días hábiles para el cumplimiento de ocho parámetros de calidad con sus 32 indicadores. El próximo 24 de febrero la Secretaría de Movilidad evaluará qué operadoras pueden o no subir el pasaje de 25 a 35 centavos con base en esos resultados.

Para esa valoración existe el Manual para la Implementación de Indicadores de Calidad de Servicio de Transporte Público de Pasajeros aprobado por la Secretaría de Movilidad. En ese documento se establecen indicadores de confiabilidad, seguridad, confort, atención a grupos vulnerables y mantenimiento de las unidades.

En lo que respecta a la confiabilidad se tomará en cuenta, por ejemplo, el tiempo de viaje en horas pico y valle. El documento señala que el 80% de la flota debe cumplir con ese indicador.

Ese índice se calculará con base en el tiempo programado, el cual se establece en los actuales contratos de operación, y el tiempo ejecutado. Para esto se requerirá de dispositivos GPS en las unidades.

En lo que tiene que ver con seguridad se tomará en cuenta la velocidad planificada tanto en horas pico como en horas valles versus la velocidad promedio con la que cumplen las unidades.

En seguridad se evaluarán las medidas disuasivas con las que cuenten los buses para evitar robos. Además, se tomará en cuenta el cumplimiento del aforo máximo permitido.

Respecto al confort, el documento indica que deben existir espacios reservados para personas con discapacidad y señalización visual y auditiva para anticipar las paradas.

La Secretaría de Movilidad será la encargada del monitoreo y evaluación de estos indicadores. En caso de que las operadoras no cumplan, Abad dice que no podrán incrementar su pasaje a partir del próximo 1 de marzo.

Según el presidente de la Comisión de Movilidad del Concejo Metropolitano, Santiago Guarderas, el Municipio también podrá disponer que una cooperativa cumpla otra ruta en caso de no haber firmado la adenda o incumplido con los indicadores de calidad.

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