11 de September de 2009 00:00

Los buseros de Cuenca no retiran los torniquetes

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Redacción Cuenca

La Cámara de Transporte de Cuenca sigue en conflictos jurídicos. Desde que instaló el Sistema Integrado de Recaudación y Ayuda a la Explotación (Sirae)  enfrentó dos demandas y múltiples denuncias de usuarios, por presuntos malos tratos.

Ayer, firmó un acuerdo con la Defensoría del Pueblo. El fin es garantizar la circulación de las monedas de USD 0,01 (aparte de las tarjetas prepago) en la tarifa diferenciada de USD 0,12. Esta rige para niños, estudiantes, personas con discapacidad y de la tercera edad. Con ese acuerdo, se cerrará la demanda ventilada en el Juzgado Primero de Tránsito.

La Cámara se niega a cumplir el fallo judicial de junio pasado, que exige el retiro de los torniquetes  de las 475 unidades urbanas de  Cuenca. El plazo dado por la Segunda Sala Especializada de lo Penal, en última instancia, terminará el próximo 21 de octubre.

Por esa razón, hasta ahora, la Cámara de Transporte no tiene un cronograma para retirar los dispositivos. Según su presidente, Patricio Segarra, el torniquete es indispensable dentro del Sirae y al no estar instalado pondría en riesgo el proyecto. 

El 14 de abril, la Defensoría del Pueblo presentó una acción de protección contra el Alcalde, el Presidente de la Cámara de Transporte y el Director Municipal de Tránsito, demandando el retiro de torniquetes.

El pedido lo formuló el Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis). El argumento fue que esos aparatos vulneran el derecho que tienen niños, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y ancianos para circular libremente, sin obstáculos, en todas las unidades de transporte público.

Para Paúl Serrano, abogado del Conadis, es una sentencia ejecutoriada y debe cumplirse. La Directiva de la Cámara analiza la opción de declararse en rebeldía. Pero Serrano recordó que hay sanciones civiles, penales y administrativas por desobediencia.

Según él, el torniquete solo sirve para contabilizar el número de personas que ingresa a cada bus y cuánto dinero se recauda.

Segarra explicó que cada máquina está conectada al sistema computarizado y retirarlo significa afectarlo. Además, pidió garantías para que los choferes no tengan problemas en su trabajo ante la polémica surgida. 

El alcalde de Cuenca, Paúl Granda, señaló que si los transportistas no tienen la voluntad de sentarse a dialogar para buscar una solución al problema de los usuarios, se aplicará la Ley. “Precautelaremos el interés colectivo sobre el interés individual”.

Según la Unidad Municipal de Tránsito, el 70% de los cuencanos (240 000 personas) utiliza a diario el transporte público para movilizarse por la ciudad.

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