El sábado 31 de agosto del 2019, los policías realizaban controles y registros en San Jerónimo, uno de los caminos hacia Buenos Aires en Imbabura. Foto: Álvaro Pineda/ EL COMERCIO
Una camioneta provista con un megáfono recorría ayer, sábado 31 de agosto del 2019, las calles adoquinadas y lastradas de La Merced de Buenos Aires, en Urcuquí, Imbabura, en el norte de Ecuador.
A través del altoparlante, la Junta Parroquial entregaba un mensaje a los habitantes: “Hacemos un llamado a los jóvenes, a las amas de casa, a los padres y toda la gente trabajadora a mantener nuestro pueblo unido, libre de minería”.
Tras el paso del vehículo, la gente salía de sus casas y negocios. Se concentraba en las calles y de a poco los susurros se convertían en voces sonoras: “¡No a la minería!”.
La intranquilidad volvió a Buenos Aires un día después de que finalizó el estado de excepción de 60 días decretado por el presidente Lenín Moreno el 1 de julio. La gente hablaba del futuro del pueblo ahora que los militares y policías, que ejercieron tareas de seguridad, abandonan la parroquia.
Durante la excepción, los uniformados desarticularon 27 grupos dedicados a la minería ilegal y otros delitos conexos como tráfico de armas, de químicos y lavado de dinero. De las bocaminas salieron más de 6 000 personas, provenientes de todo el país y otras naciones como Colombia, Venezuela y Perú, quienes habían llegado en busca de oro.
Así comenzó la operación para tomar el control de las minas ilegales. Se trató de un plan de diferentes ministerios, liberados por el de Gobierno, e incluía la destrucción de todas las piscinas para procesamiento de material aurífero, amalgamadoras, trituradoras, etc.
Los campamentos mineros fueron desbaratados y los sistemas de transporte de la roca mineralizada, como las poleas, destruidos.
Eso causó tranquilidad entre la población. “Al principio había mucho temor, la gente no salía de sus casas, pero poco a poco regresó la seguridad. Ahora incluso han vuelto a ocupar las canchas de fútbol y hacen deporte. Eso no ocurría antes”, cuenta un oficial de la Policía.
El segundo paso del Gobierno, tras tomar el control de las minas ilegales, contemplaba que la compañía extranjera Hanrine Ecuadorian Exploration & Mining S.A. tomara posesión del territorio.
Sin embargo, tras la experiencia con la minería ilegal, “aquí ya nadie quiere saber nada sobre la minería ni legal ni ilegal. La minería nos trajo mucho sufrimiento”, comentaba una habitante el viernes 30 de agosto, durante la primera reunión que convocó la Junta Parroquial.
Esta concentración se realizó en la calle, desde las 14:00 hasta las 17:00. Tras debates, los pobladores decidieron que no ingrese el personal de seguridad privada de la empresa.
Esta firma cuenta desde el 2017 con las licencias y una concesión para explorar las minas de Buenos Aires.
Hasta ayer, la empresa ya había instalado un campamento en el sector, donde antes estaban los mineros ilegales. Sin embargo, su personal de seguridad todavía tenía impedido el paso. Los habitantes de Buenos Aires formaron desde el viernes 30 de agosto una barricada con palos, piedras y costales de arena. Lo ubicaron en la vía principal que desemboca en las minas.
Por la noche volvieron a colocar una cadena entre dos postes de luz. Un grupo de personas se ubicó allí para controlar el paso de vehículos en el interior del pueblo.
En los ingresos al poblado aún hay presencia de policías y militares. Allí se instalaron carpas y se usan como puntos de control donde se revisan los documentos y se registra a todo el que ingresa.
El viernes, en la reunión entre los pobladores, la gente también decidió que no permitiría el ingreso de la empresa Minbuenarsa. La firma fue constituida por mineros artesanales, quienes antes ya habían trabajado de forma clandestina allí y quieren volver.