Marco Arauz Ortega. Subdirector General
Una de las características de la política de los últimos años ha sido su gran debilidad institucional forjada en la ilimitada capacidad interpretativa de sus actores.
Caídas presidenciales, cesación y sustitución de poderes de un plumazo, legitimación de actos en nombre del poder popular, han formado una costra aparentemente dura, pero de la cual no termina de surgir un tejido nuevo.
No resulta raro que esa dinámica deje cadáveres en el armario. El ex vicepresidente Alberto Dahik y el ex presidente Abdalá Bucaram estiman que es el momento de reivindicarse. La defensa del primero ya hizo su parte ante la Corte Constitucional, al alegar que se han violentado sus derechos, y hoy les toca el turno a los abogados y familiares de Bucaram.
Su argumento central es que se violaron sus derechos al no respetar la decisión del ex presidente de la Corte, Guillermo ‘Pichi’ Castro, de anular los dos juicios contra el ex Presidente. El hecho de que Bucaram haya venido y se haya ido como ciudadano libre, dice la defensa, es prueba de que la decisión se ejecutorió.
El hijo del ex Presidente, quien lleva el mismo nombre y se dedica también a la política pero lo hace desde un registro emocional diametralmente opuesto al de su padre, afirma que no hay ningún acuerdo por detrás, lo cual es difícil de creer cuando se sabe que la justicia sigue moviéndose al ritmo de la política.
El Presidente de la República ha dicho que la cesación de Bucaram fue inconstitucional; ¿la Corte será indiferente a ese pronunciamiento? Lo único seguro es que habrá un antes y un después. Y que probablemente haya más cadáveres en el armario, y menos institucionalidad.