El uso de brazalete electrónico será una de las alternativas para los padres que no han cancelado las pensiones alimenticias.
En los pasillos, en la habitación, mientras duerme o en la calle. El brazalete electrónico es capaz de captar los movimientos del sospechoso en tiempo real. El dispositivo, ajustado al tobillo de una persona, detecta su pulso y emite alertas si hay intentos de romper la correa de seguridad.
Desde esta semana hasta marzo próximo, este aparato lo usarán 500 usuarios que no están detenidos, pero deben presentarse permanentemente a un juez, no pueden salir del país o están arrestados en casa.
Es la fase piloto de un programa que busca, entre otras cosas, reducir los gastos por la vigilancia que destina la Policía en el caso de procesados.
En el caso de arresto domiciliario, cada mes, el Estado invierte USD 1 820 por supervisarlos. Con la aplicación del equipo, en los próximos dos meses los agentes asignados a estas tareas regresarán a las unidades policiales.
El tobillero electrónico permite el seguimiento a distancia y avisa si el sospechoso intenta abandonar su vivienda.
El brazalete se usará en casos específicos. En un informe que publicó el Ministerio de Justicia se habló de al menos siete grupos que se beneficiarían de la medida .
Pero ahora también se anunció que se aplicará para los padres que no paguen las pensiones alimenticias.
Una vez superado el plan piloto, los aparatos se aplicarán en otras 5 000 personas que están en las cárceles y en testigos.
Por eso, las autoridades dicen que la medida ayudará a reducir la población carcelaria.
Hasta el año pasado superaban los 22 600 detenidos a escala nacional.
Cada día, el Estado destina USD 15 por interno. Las autoridades dicen que con el uso del brazalete se ahorrará USD 10.
Jueces consultados por este Diario comentan que con el dispositivo vigente se aplicarían medidas sustitutivas, sobre todo si el delito es menor y el sospechoso no representa riesgo para la sociedad.
Hoy, los procesados que reciben medidas alternativas a la cárcel deben presentarse cada ocho días en el juzgado y se le impide salir del país. Es decir, la vigilancia es manual y hay mayor riesgo de fuga.
Pero no solo quienes tienen arresto domiciliario o medidas sustitutivas se favorecen de este sistema.
Los sentenciados que ya cumplieron entre el 60 y 80% de la pena también pueden solicitar el uso del tobillero, acogiéndose a la prelibertad o libertad condicional. La medida no aplica para los internos de alta peligrosidad.
Desde los centros de rehabilitación se dice que el mecanismo electrónico está interconectado con el sistema de videovigilancia ECU 911. De hecho, la fase piloto que inició esta semana prevé detectar posibles fallos en la comunicación.
El brazalete no solo alerta si no recibe las pulsaciones del procesado, también es capaz de advertir si el sospechoso se aleja del rango de espacio asignado o si se acerca a la víctima.
Para el último caso, el mecanismo se pensó sobre todo para denuncias por violencia intrafamiliar, como una medida de protección. La idea es instalar el dispositivo al agresor y a la víctima. El aparato comunica a los agentes si el demandado intenta acercarse a la casa de la denunciante.
El lunes, Ernesto Pazmiño, titular de la Defensoría Pública, propuso que el aparato también se aplique para los detenidos por tráfico de pequeñas dosis de narcóticos.