Bomberos controlan el fuego en la sede del Sistema Nacional de Empleo tras un ataque hoy, en Fortaleza (Brasil). Unos 300 agentes de fuerzas federales comenzaron a desplegarse hoy en el estado brasileño de Ceará, que esta semana ha sido sacudido por una ola de vandalismo que pudo ser orquestada por bandas que operan desde las cárceles. Foto: EFE
Brasil envió un nuevo contingente policial para restablecer el orden en Ceará (noreste), blanco de una ola de violencia desde hace una semana, en el primer desafío en materia de seguridad que enfrenta el presidente Jair Bolsonaro, informó este martes 8 de enero de 2019 el Ministerio de Justicia.
La llegada de 200 agentes -un centenar de ellos ya en el lugar- aumentará a cerca de 500 el número de efectivos en Ceará, donde desde el 2 de enero se produjeron más de 150 ataques contra autobuses, agencias bancarias y tiendas.
Las autoridades dieron parte de 160 detenidos en estos ataques, que se desataron después del anuncio de un aumento de los controles para impedir el ingreso de teléfonos celulares en las cárceles. Las facciones criminales también protestan contra las transferencias de algunos presos.
Inicialmente, unos 300 efectivos fueron destacados para contener la violencia durante el fin de semana, pero los ataques continuaron, menguando en Fortaleza, la capital, pero propagándose a ciudades del interior de este paupérrimo estado de 9 millones de habitantes.
La Fuerza Nacional de seguridad pública, un cuerpo federal bien armado, está bajo las órdenes del ministerio de Justicia, y puede ser enviada a un estado desbordado por problemas de seguridad si el gobernador lo solicita.
Brasil es uno de los países más violentos del mundo: en 2017 marcó un récord propio de casi 64 000 homicidios. Facciones en busca de control de áreas urbanas pobres están fuertemente armadas.
Bolsonaro, un excapitán del Ejército de 63 años y congresista por casi tres décadas, asumió la presidencia de Brasil el 1 de enero.
Acabar con el crimen fue una de sus promesas electorales, y para ello propone flexibilizar la posesión de armas para que “ciudadanos de bien” puedan defenderse. También está a favor de liberar aún más el uso de fuerza letal a policías y soldados.
El gobernador de Rio de Janeiro, Wilson Witzel, lo endorsó durante la campaña, y entre sus propuestas para combatir la criminalidad figura el recurso a francotiradores para matar a personas que carguen armamento a la vista, incluso si no están amenazando o apuntando a alguien.
Witzel también sugirió recientemente calificar a criminales de terroristas y trasladarlos a un “Guantánamo carioca”, a inicitación del modelo de la prisión estadounidense en la isla de Cuba que recibe a prisioneros bajo sospecha de terrorismo.