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BLOQUEO A LA LIBRE INFORMACIÓN

El bochornoso capítulo protagonizado por el Secretario Nacional de Comunicación al coartar el acceso a la información a una periodista de El Universo, alegando un supuesto incumplimiento de su derecho a la réplica de parte de dicho medio, deja varias lecciones y una consecuencia.

Fernando Alvarado insiste en condicionar la acreditación de la periodista para que esta pueda hacer su trabajo en la Presidencia de la República. Más que un problema de forma, lo grave es que durante este proceso quedó en claro que el funcionario transgredió su papel y atentó contra el acceso a la información, no como un derecho de un periodista en particular sino como un derecho de la sociedad a informarse sobre una entidad pública.

Todo empezó cuando el Secretario de Comunicación anunció la suspensión de la entrega de la credencial hasta cuando el medio hiciera una aclaración sobre una noticia publicada en diciembre pasado. Pero al querer convertirse en juez y sancionador de una acción, que además no existió, no solo se arrogó funciones sino que denegó información pública. En efecto, él no es la autoridad competente para pronunciarse sobre la supuesta irregularidad. Además, El Universo demostró que publicó oportunamente, es decir dos días después de que apareciera la nota que originó el reclamo de Alvarado, su versión. No cabía entonces y no cabe hoy aclaración ni rectificación alguna, toda vez que la información publicada por El Universo contenía contrastación de fuentes, tal y como los procedimientos periodísticos aconsejan.

Lo anterior demuestra excesos en el ejercicio del cargo y, sobre todo, que el funcionario no garantiza el libre acceso a la información. Si de verdad quiere dar un signo en el sentido contrario, el Gobierno debe removerlo del cargo.

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