1 de julio de 2019 20:23

Baroja y Pabón desestiman acusaciones por presuntos aportes irregulares a campañas de Alianza País

Gustavo Baroja compareció en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, este 1 de julio del 2019. Foto: EL COMERCIO

Gustavo Baroja compareció en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, este 1 de julio del 2019. Foto: EL COMERCIO

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Andrés García
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La Comision de Fiscalización de la Asamblea Nacional avanza en las investigaciones sobre los casos Arroz Verde y Majano, relacionados a presuntos aportes irregulares para campañas electorales de Alianza País (AP).

A esa mesa legislativa compareció este lunes 1 de julio del 2019 Gustavo Baroja, actual secretario ejecutivo del movimiento oficialista.

Según el exprefecto de Pichincha, "AP nunca ha recibido aportes de fuera, más allá de aquellos efectuados por simpatizantes y adherentes" de esa tienda política.

Baroja desestimó las acusaciones en su contra efectuados por los portales La Fuente y Mil Hojas, que lo señalan como uno de los presuntos responsables de gestionar aportes de empresas privadas para la campaña presidencial del binomio Lenín Moreno y Jorge Glas.

El dirigente de Alianza País negó haberse reunido con representantes de empresas que se mencionan en el informe y aseguró que a algunos ni siquiera los conoce. Sin embargo, reconoció que sí mantuvo reuniones con Aurelio Hidalgo, actual ministro de Transporte y Obras Públicas.

Baroja dijo que lo hizo, pues la firma Hidalgo & Hidalgo mantenía un contrato desde el 2007 con la Prefectura para ampliar un tramo de la vía Alóag - Santo Domingo.

Sobre Reylacteos, dijo que Segundo Wong, uno de los ciudadanos que se menciona en los informes, apoyó con un camión para entregar lácteos a los afectados por el terremoto del 2016, pero negó que se hayan entregado aportes para campañas electorales.

Además, rechazó que se lo acuse de haber desviado recursos públicos de la Prefectura de Pichincha para financiar actos proselitistas.

En esa línea, Baroja dijo que solicitó a la Contraloría que se efectúe una auditoría de la gestión de los consejos Provinciales de Manabí, Los Ríos y Pichincha, así como de la desaparecida Secretaría de Inteligencia.

Según La Fuente, con recursos públicos de esas entidades presuntamente se habría financiado la campaña de Moreno. Baroja calificó como una "infamia" que se acuse de que se utilizaron fondos para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas tras el terremoto, en actos de campaña.

El secretario de AP cree que con estas acusaciones se busca desestabilizar al país, afectar al Gobierno del presidente Lenín Moreno y "desaparecer de escena a Alianza País".

Paola Pabón señaló en la Comisión de Fiscalización que no está obligada a rendir su versión. Foto: EL COMERCIO

Paola Pabón señaló en la Comisión de Fiscalización que no está obligada a rendir su versión. Foto: EL COMERCIO

Posteriormente, compareció la actual prefecta de Pichincha, Paola Pabón. La funcionaria señaló en la Comisión que no está obligada a rendir su versión, pero finalmente si lo hizo.

La exsecretaria de Gestión Política desestimó todas las acusaciones en su contra y negó conocer la casa, ubicada en la calle Majano, que se mencionan en las investigaciones periodísticas.

Baroja, en cambio, reconoció que en esa vivienda sí se planificaron actos de campaña. Agregó que el responsable del manejo de la campaña de Moreno fue Vinicio Alvarado, quién actualmente está prófugo de la justicia.

Los ánimos se caldearon cuando Pabón preguntó a los legisladores Johana Cedeño y Daniel Mendoza, de AP, si ella alguna vez les entregó dinero para su campaña. Cedeño, quien preside la Comisión, respondió que no. Pero Mendoza dijo que la prefecta no está habilitada para hacer preguntas a los comisionados.

Pabón dijo desconocer quien fue el responsable financiero de la campaña presidencial del 2017 y pidió a la comisión que se solicite esa información al Consejo Nacional Electoral (CNE).

La última comparecencia fue la de Marisol Hernández, directora del Servicio Nacional de Rentas Internas (SRI). La funcionaria fue convocada ya que presuntos contribuyentes de empresas fantasmas también estarían involucrados en el caso Arroz Verde.

Según Hernández, desde la publicación del informe se han programado 124 casos de control. De ellos, 32 son de riesgo alto, 19 de riesgo medio y 73 de riesgo bajo, por presunta defraudación tributaria. Agregó que estos procesos pueden tardar entre cinco y seis meses.

También se preveía que comparezca el representante legal de la empresa Odebrecht, pero se excusó por escrito y adelantó que esa firma está dispuesta a colaborar con la justicia. Tampoco acudieron los personeros de otras dos empresas mencionadas en el caso Arroz Verde.

Según la presidenta de la Comisión, para el lunes 8 de julio del 2019 serán convocados el ministro de Transporte y Obras Públicas, Aurelio Hidalgo; así como la Fiscal General del Estado,

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